Después de los desaguisados provocados hasta ahora en materia de inmigración, ya veremos cómo reacciona el gobierno eticista de Zapatero si se van cumpliendo las previsiones económicas…
Tras las recientes acciones de rechazo hacia inmigrantes gitanos de origen búlgaro y rumano acontecidas en Nápoles la vicepresidenta del gobierno de España culpó implícitamente de lo sucedido al ejecutivo italiano, ya que éste mantendría una política de inmigración muy distinta a la española: “El Gobierno rechaza la violencia, el racismo y la xenofobia y, por tanto, no puede compartir lo que está sucediendo en Italia, es evidente. En España, como saben, tenemos una política de inmigración…” Dichas palabras, para más inri, fueron pronunciadas pocos días después de que el ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba mostrara su apoyo a las nuevas medidas que la rica Europa busca contra la inmigración ilegal: “Si somos laxos con la inmigración ilegal la avalancha no hay quien la pare”.
Ante el revuelo levantado en el país transalpino por las declaraciones de la vicepresidenta española, y teniendo en cuenta que muchos dirigentes de la UE acusaron a Zapatero de provocar un efecto llamada con la regularización unilateral y masiva de inmigrantes puesta en marcha en la anterior legislatura, la misma María Teresa Fernández de la Vega intentó quitar hierro al asunto -muy en la línea de la socialdemocracia española de decir una cosa y la contraria- declarando posteriormente que en sus acusaciones de racismo y xenofobia se referían a “incidentes concretos” (no a la política del gobierno italiano).
Pero, en otra vuelta de tuerca, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, intentó justificar las primeras declaraciones de su jefa asegurando que Silvio Berlusconi (no la muchedumbre) “quiere criminalizar al diferente”, y todo ello a pesar de que miembros del ejecutivo italiano recordaban que, de un tiempo a esta parte -tras empezar a palpar las consecuencias de su desastrosa política- el mismo gobierno español ha endurecido las medidas contra la inmigración ilegal, aunque no quiera alterar el discurso de humanismo barato que exige la corrección política actual. Humberto Bossi trajo a colación que “España dispara a los inmigrantes” (en relación a los incidentes producidos en las fronteras de Ceuta y Melilla) y Franco Frattini declaró que la política de extranjería del gobierno español es “ejemplar para Italia por su dureza”, a lo que añadió que “Zapatero ha expulsado a decenas de miles de personas con métodos muy severos. El rigor de Zapatero ha logrado reducir en un 70% el flujo de clandestinos a Canarias” (con el formidable gasto que ello supone, añadimos nosotros).
Ahora bien, después de los desaguisados provocados hasta ahora, ya veremos cómo reacciona el gobierno eticista de Zapatero si se van cumpliendo las previsiones económicas. Ayer mismo la prensa dio a conocer que los fondos para pagar las prestaciones de desempleo se agotarán en septiembre si el paro sigue subiendo como lo ha hecho en estos últimos meses, más aún si, como está previsto, buena parte de los expulsados de Italia se encaminan hacia la acogedora España de ZP. Precisamente en estos días también hay revueltas contra extranjeros en Suráfrica justificadas, a criterio de sus protagonistas, por el paro que los inmigrantes generan entre la población local.
Llamar “racistas” a tales reacciones sociales es confundirlo todo (las diferencias raciales suelen ser inexistentes). Ni siquiera se puede hablar de “xenofobia” sin más, pues no hay miedo o rechazo del extraño por el hecho de serlo. No se trata tanto de un problema ético cuanto político, consecuencia de unos planes que, bajo un falso humanismo, tiran la piedra provocando “efectos llamada”, y esconden la mano a la hora de solucionar los problemas nacionales e internacionales de manera eficaz y con menos discursos irenistas. La población a lo que acaba teniendo miedo es a que se hundan las condiciones de vida hasta entonces vigentes -por la incapacidad de asimilar a todos los inmigrantes-. Otra cuestión es que esa misma población quiera asumir que, en gran medida, es responsable de la situación alcanzada por haber votado a partidos cuya política acarreaba a las claras tales consecuencias.
FUNDACIÓN DENAES, PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA
