ETA merece que el Estado de Derecho actúe contra ella y contra quienes la sostienen. Si no lo hace, el Estado se habrá vuelto contra la nación.
Sin duda habrá buenas razones de tipo jurídico-formal para que los tribunales españoles estén beneficiando a gentes vinculadas al mundo de ETA, y ello justo antes de la puesta de largo del “proceso” en las instituciones europeas. Si tales razones existen, sería conveniente que el Gobierno se las comunicara a la opinión pública; de lo contrario, todos tendremos la impresión de que navegamos en la más absoluta irresponsabilidad. Porque, mientras tanto, los propios tribunales ordenan registrar las herriko-tabernas, y ello también con buenas razones.
El Derecho es lógico por naturaleza. Ahora bien, lógicamente es imposible que la vinculación con ETA suscite indulgencia en unos casos y severidad en otros. ¿Hemos de concluir que la ley española ha dejado de ser lógica, que el Derecho se ha torcido? Si así fuera, podemos prepararnos para lo peor.
ETA es enemigo de la nación española. Lo es por su propia voluntad y no ha dejado de serlo por mucha negociación que abandere. En consecuencia, ETA merece que el Estado de Derecho actúe contra ella y contra quienes la sostienen. Si no lo hace, el Estado se habrá vuelto contra la nación. Inconcebible.
