Con esa actitud, la Generalitat demuestra que su propósito es hacer saltar las instituciones del Estado, reducirlas a cero. Se están presentando a sí mismos como enemigos de la nación.
La mayoría socialista-nacionalista que gobierna en Cataluña ha decidido que pondrá en marcha su propia agencia tributaria, conforme al horizonte fijado en el nuevo Estatuto; es decir, el Gobierno catalán se ha atribuido el derecho a recaudar impuestos, materia que, en Cataluña, es competencia del Estado.
En España hay dos comunidades con autonomía fiscal: la Vasca y la Navarra. No se trata de una reclamación nueva. Lo que hace inquietante la decisión del parlamento catalán es que ese punto del Estatuto se halla en este momento recurrido ante el Tribunal Constitucional, que aún no se ha pronunciado al respecto. De modo que la actitud de la mayoría socialista-nacionalista catalana puede resumirse así: está presionando al Tribunal Constitucional con una política de hechos consumados destinada a mostrar que el fallo del Tribunal es irrelevante. En plata: se están saltando las reglas del juego y despreciando a las instituciones.
Con esa actitud, la Generalitat hace imposible que tomemos sus reclamaciones como un deseo de colaboración institucional. Antes al contrario, demuestra que su propósito es hacer saltar las instituciones del Estado, reducirlas a cero. Se están presentando a sí mismos como enemigos de la nación. Algo sorprendente si se tiene en cuenta que el partido que gobierna en Cataluña es el mismo que gobierna en la nación.
Es urgente que el Gobierno de España reaccione, desautorice al socialismo catalán y defienda expresamente al Tribunal Constitucional. De momento, lo que ha hecho es lo contrario. Es una irresponsabilidad.
