Soy una persona con cierta experiencia en la Administración Española, producto de haber prestado servicios en la administración general del estado, en la administración autonómica y en al menos diez administraciones locales, y con este bagaje me gustaría aclarar un dato no demasiado conocido por el ciudadano. ¿Cuánto cuesta al contribuyente un Director General?
La respuesta es dura. Agárrense que hay curvas. La realidad es que un Director General o un Gerente, de los miles y miles incrustados por los partidos políticos en municipios, comarcas, aéreas metropolitanas, comunidades autónomas y demás entes territoriales y institucionales infinitos que cuelgan sobre España, es que ganan un buen sueldo, pero cuestan un riñón.
En efecto, el salario de un Director General puede ser de unos 80.000 euros de media, pero a partir de aquí hay que sumar todos los oropeles propios de su condición. Ciertamente, cualquier trabajador al margen del sueldo implica un coste de medios materiales y técnicos para poder desempeñar su labor, pero lo propio de un cargo político, digamos es de risa, por no llorar.
Un Director General conlleva una “dignidad del cargo” que automáticamente le supone, por jerarquía, una asignación personal de los mejores medios informáticos y telemáticos de que disponga la Administración de turno, en unas instalaciones, no en pocas ocasiones reformadas a gusto del Señor en cuestión. Por descontado, unos gastos de representación mínimos para que puedan alternar sin coste alguno, lo que incluye comidas, desplazamientos y demás suplidos. Un político hoy en día es ante todo una persona que debe acudir a un sinfín de eventos.
Al margen de lo anterior hay que dotarlo del correspondiente séquito. Jamás caminan solos. Así, en primer lugar están los siempre sufridos secretarios, normalmente tres para cubrir todos los turnos que simplifiquen lo básico, además de algún asesor o personal eventual que pueda ejercer de hombre de confianza en los momentos duros, felices e indiferentes. Y no nos olvidemos de algo imprescindible como es el coche oficial con sus correspondientes conductores de mañana y tarde. A todo lo anterior hay que sumar por descontado los correspondientes costes sociales.
Total; las cuentas en limpio que no hace mucho tiempo estimé son: que un Director General con sueldo, como les decía, de 80.000 euros costaba a la Hacienda Pública correspondiente no menos de 300.000 euros. Todo ello sin empezar a trabajar, claro.
En definitiva, sería bueno dejar de hablar de los sueldos de los políticos y centrarse en los costes de la unidad administrativa de la que son titulares.
Alberto Serrano
