A falta de una voluntad decidida y audaz, que realmente se atreviera a una independencia unilateral de Cataluña respecto a la Nación Española, los sediciosos catalanes se limitan a postular elementos meramente simbólicos de su presunta existencia como Nación, constantemente desmentidos por los hechos
Durante la confusa Transición democrática, en pleno auge del movimiento denominado «postmoderno» surgido allende los Pirineos, diversos personajes de lo que suele denominarse como «mundo de la Cultura» experimentaron un cierto afrancesamiento en lo que a sus doctrinas se refiere; afirmaban que el franquismo, siguiendo los tópicos al uso, había impuesto una impostada unidad nacional, haciendo de ciertos elementos simbólicos una forma de exagerar e idealizar la Historia de España, por lo que habría que rechazar el ensalzamiento de la Nación Española que se encontraba en muchas de las obras escritas entonces, consideradas poco menos que indecentes libelos. Concebida una Nación a partir de las estructuras que ella «se daba a sí misma», dejando fuera cualquier prejuicio o relato legitimador de tipo histórico, era justo observar que con la Constitución de 1978, que los españoles «nos dimos a nosotros mismos» y «por consenso», surgía una nueva estructura, una Nación Española verdaderamente democrática.
Sin embargo, pronto se advirtió la vacuidad de estas teorizaciones cuando, dentro del mismo desarrollo constitucional, también los sediciosos antiespañoles comenzaron a reclamar sus «estructuras» y «símbolos» para formar sus respectivas «nacionalidades» dentro de lo que, en una verdadera ausencia de rigor conceptual, varios ponentes constitucionales denominaron como «Nación de naciones», una España que pasaría así a ser un «Estado Español» (denominación por cierto acuñada por Franco para dejar atrás la Segunda República) que ejercería como una suerte de «cárcel de pueblos». Eso sí, en la Constitución Española quedó bien clara la indisoluble unidad de la Nación Española, para desdecir tan erradas cogitaciones.
Y no sólo eso: precisamente explotando la arbitrariedad que se le había aplicado a la Historia de España bajo la lábil acusación de «franquista», como todo relato histórico era considerado meramente arbitrario y simbólico, los separatistas comenzaron a dar rienda suelta a sus delirios, en los que se veían poco menos que como herederos de unas naciones milenarias, que pierden su origen en la noche de los tiempos, con sus lenguas vernáculas sostenidas como una identidad cultural sin mácula alguna de españolismo; españolismo que habría pretendido, sin éxito, aplastar y silenciar a unos valerosos luchadores por la libertad de esas naciones que habrían de abrirse paso, ya fuera como una federación ibérica, o como un conjunto de legítimos miembros de la denominada «Europa de los Pueblos».
Sólo así puede comprenderse, pasadas ya casi cuatro décadas desde la redacción de nuestra actual Carta Magna, que en Cataluña y otros lugares de nuestra geografía nacional afectados por la lacra del separatismo, se exhiban constantes muestras «simbólicas» de la existencia de naciones fraccionarias consideradas independientes de España: en su día las matrículas con el distintivo «CAT» en lugar de la «E» de España, los dominios de internet terminados con las mismas tres letras (éstos tolerados legalmente en tiempos del Gobierno del nefasto Zapatero) y otras muchas iniciativas de carácter ilegal.
Recordemos que el anuncio del pasado 26 de Octubre de 2015 desde el Parlamento Catalán del comienzo de la independencia unilateral, para constituir «una república catalana independiente», bastó que el Tribunal Constitucional, a iniciativa de un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de España en ejercicio, les recordase a los sediciosos que dar un solo paso en esa dirección equivalía a cometer una ilegalidad, para que de inmediato dieran marcha atrás y no se atrevieran a acometer la sedición. Ahora, cuando el Gobierno de España permanece en funciones y la incertidumbre es máxima, los sediciosos vuelven a intentar poner en marcha sus proyectos de fundar un Banco, un sistema de pensiones y una Hacienda exclusivamente catalanas, al margen de España. Así, Oriol Junqueras, Vicepresidente de la Generalidad y Consejero de Economía, ha anunciado esta semana el despliegue de la Hacienda catalana y la conversión del Instituto Catalán de Finanzas en un banco público del futuro Estado Catalán, afirmando que en apenas dieciocho meses dispondrán de nada menos que de 140 delegaciones de semejante Hacienda.
Sin embargo, semejante declaración quedará en nada mientras esa Cataluña no pueda asegurar ni un territorio definido soberano (¿será la autonomía vigente o incluirá los no menos fantasiosos «Países Catalanes»?), ni sea reconocida por terceros como estado independiente. Así, el «Ministro de Exteriores» de esa fantasiosa y simbólica «república catalana», Raúl Romeva, fue rechazado esta misma semana en Bruselas cuando trató de presentase como representante de una nación soberana, siendo considerado por la Unión Europea como un mero representante delegado de la Nación Española, recordándole además que la Constitución Española prohíbe expresamente la secesión de cualquier territorio soberano de España.
Como bien sabemos, el «estado catalán» proclamado por estos sediciosos es una ficción jurídica cuyas más altas aspiraciones consisten en ser un «estado libre asociado», una suerte de nueva Andorra, en la que las competencias hoy reconocidas como «exclusivas del Estado» en la Constitución de 1978, tales como la defensa del territorio o la acuñación de moneda (en este caso, el euro que significase permanecer como miembro de la Unión Europea), seguirían siendo propiedad de la Nación Española. Si como dijera Alejandro Magno la fortuna sonríe a los audaces, está claro que ante la ausencia de sediciosos con audacia y determinación para lograr la independencia unilateral, temerosos de las consecuencias penales que pudieran derivarse de ello, prefieren vivir «como si» fueran un estado independiente con las espaldas cubiertas por ser ciudadanos españoles.
Desde la Fundación Denaes concentramos nuestra atención sobre estos intentos de plasmar, en el terreno simbólico y de las ficciones jurídicas, la independencia de una parte de nuestro territorio en forma de nación independiente. Está claro que semejantes ficciones no implican ni mucho menos una separación efectiva, pero indican bien a las claras lo que estos sediciosos harían si dispusieran del poder y la audacia para llevarlo a cabo: un Golpe de Estado, una traición, un robo a la Nación Española de una parte de su territorio soberano, que ningún Gobierno de España que se precie de serlo puede tolerar, siquiera en la forma de una insinuación de semejantes delitos.
Fundación Denaes, para la Defensa de la Nación Española.
