La Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES) considera que España, «como nación soberana», está amenazada en la actualidad desde diversos frentes. Entre ellos, destaca el peligro del secesionismo, representado a su juicio tanto por los partidos nacionalistas como por las organizaciones terroristas.
MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) –
La Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES) considera que España, «como nación soberana», está amenazada en la actualidad desde diversos frentes. Entre ellos, destaca el peligro del secesionismo, representado a su juicio tanto por los partidos nacionalistas como por las organizaciones terroristas.
«El PNV, CiU y demás facciones secesionistas suponen para España el mismo tipo de amenaza (secesionista) que supone la ETA o Batasuna (si no más, por su política de infiltración no delictiva que les permite actuar sin ningún tipo de obstáculos legales)», sostiene el libro En Defensa de España. Razones para el patriotismo español, escrito por Santiago Abascal y Gustavo Bueno, presidente de DENAES y director de su centro de estudios, respectivamente.
En la obra, DENAES alerta de la amenaza que hay sobre España por parte «de determinados grupos políticos cuyo propósito es causar daño» al país «con el fin último de acabar con su existencia». Así, aunque reconoce que se puede discutir que España esté en peligro, defiende que «no se puede discutir de ningún modo» que está «formalmente amenazada en su soberanía por determinados grupos políticos y parapolíticos».
«Sin duda, España está amenazada en su existencia por grupos secesionistas», insiste antes de explicar que todo partido nacionalista defiende la idea de la disolución del país. «Si bien no amenazan directamente la soberanía española sí representan una amenaza indirecta al buscar que una parte de la nación española pase a ser reconocida como un todo nacional, lo que directamente implicaría, si este fin se consuma, la fragmentación y ruina de la nación española –argumenta–. La mera existencia de estos grupos, en definitiva, representa ya una amenaza formal para la nación española».
«El secesionismo es así, representado por estos grupos, una amenaza formal para España como nación, suponiendo su mera existencia un hecho político anticonstitucional que amenaza con su fragmentación a la soberanía nacional española», continúa antes de recordar que estos partidos cuentan con representación en la mayoría de las instituciones legislativas y administrativas españolas.
En este contexto, recuerda que esta amenaza secesionista llega también desde organizaciones terroristas, aunque sostiene que la violencia no diferencia sin embargo el tipo de amenaza del de los partidos nacionalistas. «Que el procedimiento criminal de ETA sea un procedimiento que no practiquen otras facciones no disminuye en nada la amenaza que todos representan para la soberanía española –prosigue–. Si los fines secesionistas se logran, es indiferente que se hayan logrado criminal o legalmente».
Por ello, defiende que la amenaza secesionista supone para el país un peligro «a corto plazo (inminente) para el mantenimiento de la sociedad política española» y alerta de que España ya está de hecho «en camino de disolución» al mantener partes suyas en divergencia, lo que «conduce directamente a la insolidaridad y hasta al enfrentamiento entre ellas».
«ESPAÑA YA ESTÁ ROTA»
Así, defiende que, desde el punto de vista administrativo, España «ya está rota». «Otros aspectos caminan en ese mismo sentido», asegura tras arremeter contra quienes acusan de catastrofistas a las voces que critican a aquellos que alertan del peligro de ruptura de España.
Además, DENAES apunta en el libro otras amenazas que, a su juicio, se ciernen sobre España y, entre ellas, señala el federalismo, el panfilismo (entendido como la negación de la implantación secesionista), el europeísmo, el fundamentalismo democrático, el anarquismo, el yihadismo e incluso la política de Marruecos.
En este contexto, repasa la evolución del Estado autonómico y sostiene que esta concepción de la identidad de España «más que conservar», está llevando al país «a la inexistencia». De la misma manera, carga contra la reforma de los estatutos de autonomía que plantean la denominación de nación de las comunidades autónomas y, en concreto, contra el texto catalán, a su juicio, claramente «inconstitucional».
«Negar el carácter nacional de España, afirmándolo para alguna de sus partes, es amenazar la soberanía de una nación ya constituida y reconocida –argumenta–. Una amenaza que procede no de facciones más o menos marginales, sino de los propios representantes del pueblo español que, en calidad de tales, atentan pública y reiteradamente contra la soberanía española que ellos mismos representan».
De esta forma, critica esta pretensión de los partidos nacionalistas pero lamenta que en algunas ocasiones otras formaciones como PSOE o IU «apoyan, cuando no directamente alimentan, esa misma pretensión». Además, incluye en esta crítica al Partido Popular, que a su juicio ha manifestado apoyo a estas pretensiones en comunidades como Andalucía o Galicia. «Ya no hay fuerza política del arco parlamentario que no mantenga algún compromiso, aunque sea por dejación, con esta idea fraccionaria de nación», enfatiza.
«EL FRANQUISMO PROMOVIÓ LAS LENGUAS VERNÁCULAS»
El libro dedica otro capítulo a la utilización de la lengua española y comienza criticando que se la llame castellano, ya que, según defiende, el castellano es sólo un dialecto del español. Así mismo, arremete contra los procesos de «normalización lingüística» de las comunidades con lengua cooficial y que llevan a que «muchas instituciones públicas autonómicas y municipales» utilicen «únicamente la lengua vernácula en sus manifestaciones públicas», «impidiendo el acceso de los hispanohablantes a contenidos de interés general».
Asimismo, defiende que fue durante el franquismo cuando se empezó a incorporar la enseñanza de las lenguas vernáculas a la instrucción pública. «No hubo pues persecución por parte del franquismo de las lenguas vernáculas, sino más bien una promoción de las mismas. Y en caso de haberla habido, ello no justificaría la política antiespañola actual llevada a cabo por algunas administraciones autonómicas y locales», apunta.
