¿Una nueva Marcha Verde sobre Ceuta y Melilla? El peligro del artículo de Michael Rubin

En los últimos días han circulado en determinados medios anglosajones y del resto del mundo una serie de textos que, a primera vista, podrían parecer simples ejercicios de análisis estratégico sobre la situación geopolítica de Ceuta y Melilla. Para quien no esté familiarizado con estas cuestiones, no sería extraño interpretarlos como parte del debate habitual en los estudios internacionales, donde se manejan hipótesis, comparaciones y escenarios posibles sin que ello implique necesariamente una toma de posición política directa. Sin embargo, una lectura atenta de uno de esos textos, el publicado por Michael Rubin, permite advertir que no estamos ante un análisis neutral, sino ante una intervención deliberada que, bajo la apariencia de reflexión geopolítica, propone abiertamente un escenario de presión sobre territorio español.

Pero, ¿quién es Michael Rubin? Pues no es cualquiera, porque hablamos de un analista judío-estadounidense declaradamente sionista vinculado a entornos estratégicos próximos al Pentágono, y especializado en Oriente Medio, especialmente en Irán y Turquía. Pero lo crucial es que Rubin, en su sonado artículo –publicado en los think-tanks Middle East Forum y American Enterprise Institut y de significativo título: Marruecos debería enviar una nueva marcha verde a Ceuta y Melilla–, no se limita a describir una situación ni a plantear una hipótesis abstracta. Lo que hace es sugerir, con notable ligereza, que Marruecos podría impulsar una «nueva Marcha Verde» sobre Ceuta y Melilla, tomando como referencia el precedente de 1975 en el Sáhara Occidental. Es decir, no estamos ante un análisis retrospectivo ni ante un ejercicio académico convencional, sino ante la formulación explícita de una estrategia que, de llevarse a cabo, implicaría una agresión política –y potencialmente militar– contra España. Este punto es fundamental, porque marca la diferencia entre un texto analítico y un texto que actúa como vector de legitimación de una determinada acción.

Para comprender el alcance de esta propuesta, conviene detenerse en el modo en que Rubin construye su argumentación. Su punto de partida es una caracterización de Ceuta y Melilla como enclaves anacrónicos cuya situación resultaría, implícitamente, problemática desde el punto de vista de la historia contemporánea. De hecho, no tiene empacho considerar ambas ciudades como colonias. Y aunque esto es completamente erróneo y carece de sentido, y aunque no lo formule en términos explícitos de descolonización, la analogía con el Sáhara introduce de manera indirecta ese marco interpretativo. De este modo, se sugiere que la soberanía española sobre estas ciudades no sería un hecho plenamente consolidado, sino una especie de anomalía susceptible de revisión.

Pero queremos insistir en esto, porque esta operación retórica es tanto más relevante cuanto que se apoya en una comparación profundamente engañosa. Ceuta y Melilla no son territorios coloniales. Su incorporación a España se remonta a finales del siglo XV en el caso de Melilla y al siglo XVI en el de Ceuta, es decir, varios siglos antes de la formación del Estado marroquí moderno, que sólo comienza a existir hace unas décadas, en 1956. No existe, por tanto, ningún paralelismo histórico ni jurídico que justifique su inclusión en el mismo marco interpretativo que otros casos, como el Sáhara Occidental que él mismo menciona (y que tampoco era una colonia, sino una provincia española). Sin embargo, la fuerza de la analogía que hace Rubin no reside en su veracidad, sino en su capacidad para introducir dudas en la percepción del problema. Por eso, a partir de ahí, Rubin da un paso más y propone el modelo de la «Marcha Verde» como instrumento de presión. La elección de este referente no es casual. La Marcha Verde de 1975 constituye un ejemplo paradigmático de operación híbrida, en la que la movilización civil y militar, la ambigüedad jurídica y el cálculo diplomático se combinaron para producir un resultado favorable a Marruecos sin necesidad de un enfrentamiento militar directo. Al invocar este precedente, Rubin no sólo recuerda un episodio histórico, sino que sugiere la posibilidad de replicar su lógica en un contexto distinto. Es, en definitiva, una forma de plantear que existen vías para modificar la situación de Ceuta y Melilla sin recurrir a una guerra convencional.

Más aún, el propio texto introduce un elemento especialmente significativo al insinuar que la OTAN podría no estar obligada a intervenir automáticamente en defensa de estas ciudades. Esta es otra afirmación que cumple una función estratégica evidente: sembrar dudas sobre las garantías de seguridad de España. En geopolítica, la introducción de incertidumbre en torno a la respuesta de los aliados constituye una herramienta de presión de primer orden, porque debilita la capacidad disuasoria del Estado afectado. Rubin, en este sentido, no se limita a describir una posible situación, sino que contribuye a construir un escenario en el que esa incertidumbre pueda ser percibida como real. Y esto es seguramente lo menos descabellado del artículo, ya que realmente podemos decir sin pudor que España estaría completamente sola ante un ataque marroquí de este carácter, como ya hemos podido comprobar en anteriores ocasiones, algunas recientes. Y no sólo estaría sola, sino que los supuestos aliados se posicionarían antes del lado marroquí que del español, como pasó por ejemplo durante la crisis de Perejil.

El artículo adquiere un significado aún más claro si se lo sitúa en el contexto de las actuales relaciones internacionales. Marruecos ha consolidado en los últimos años una posición destacada como socio de Estados Unidos y de Israel, especialmente tras los Acuerdos de Abraham. Esta alineación le ha permitido reforzar su capacidad militar, su proyección diplomática y su inserción en redes estratégicas de alto nivel. España, por el contrario, ha mantenido una política exterior menos definida, con episodios de tensión que han afectado a su posición en determinados ámbitos. En este contexto, no resulta difícil comprender que ciertos análisis estratégicos tiendan a valorar positivamente a Marruecos como aliado y a considerar a España como un actor de menor relevancia o, en determinados casos, como un elemento incómodo.

Es en este punto donde conviene interpretar adecuadamente la posición de Rubin. Su pertenencia a entornos neoconservadores estadounidenses, estrechamente vinculados a la proyección estratégica de Estados Unidos y a la defensa de los intereses de Israel, no debe leerse en clave identitaria, sino como indicio de su inserción en una red de pensamiento que privilegia determinados alineamientos geopolíticos. Desde esa perspectiva, Marruecos aparece como un socio fiable y preferente en el norte de África, mientras que España no ocupa un lugar central en ese esquema. La propuesta de una «Marcha Verde» sobre Ceuta y Melilla no es, por tanto, una excentricidad individual, sino una formulación coherente con una determinada lógica de intereses.

Ahora bien, lo verdaderamente inquietante no es tanto la existencia de este tipo de textos como su encaje en una dinámica más amplia. Como ha señalado Akram Kharief, en su análisis del artículo de Rubin, estamos asistiendo a una «fabricación académica» de marcos narrativos que tienden a convertir determinados territorios en espacios potencialmente disputables. En este proceso, la repetición de analogías, la introducción de dudas y la exploración de escenarios como el descrito antes contribuyen a erosionar la percepción de legitimidad de situaciones que, desde el punto de vista histórico y jurídico, son claras. No se trata de una conspiración en sentido estricto, sino de una acumulación de discursos que, poco a poco, desplazan los límites de lo pensable. La famosa ventana de Overton se va modificando hacia lo que interesa. Y este fenómeno resulta especialmente relevante en el caso de Ceuta y Melilla porque se combina con la lógica interna de Marruecos. Desde su constitución, Marruecos ha forjado una narrativa nacional centrada en el plan del Gran Marruecos y la idea de una integridad territorial incompleta, cuya realización constituiría una tarea histórica pendiente. De ahí que la constitución marroquí no establezca las fronteras de Marruecos, porque se presupone que estas no están cerradas aún. La recuperación del Sáhara Occidental mediante la Marcha Verde reforzó esta lógica, demostrando que la presión estratégica podía producir resultados. Y en ese contexto, Ceuta y Melilla aparecen en el discurso marroquí como elementos de esa supuesta recomposición territorial, lo que les confiere una dimensión simbólica que trasciende su valor geográfico.

A ello se suma la transformación del entorno geopolítico del Mediterráneo occidental, donde el Estrecho de Gibraltar se ha consolidado como uno de los principales ejes del tráfico marítimo mundial y el norte de África ha adquirido una importancia creciente en términos energéticos y de seguridad. Ceuta y Melilla, lejos de ser vestigios del pasado, son posiciones de gran valor en ese entramado, lo que explica que su control tenga una relevancia estratégica considerable. Precisamente por ello, su cuestionamiento no responde a una lógica histórica, sino a una lógica geopolítica en la que también está en juego el control del estrecho. Y seguramente a países como Estados Unidos, Israel, Reino Unido o Francia les interesa más una Ceuta en manos marroquís que españolas.

En estas condiciones, la propuesta de Rubin debe ser interpretada en toda su gravedad. No se trata de una simple opinión, no se trata de un simple artículo publicado en grupos de presión, ni de una provocación sin consecuencias, sino de un ejemplo claro de cómo se pueden introducir, en el debate internacional, ideas que preparen el terreno para futuras presiones y agresiones. El peligro no reside únicamente en la eventual materialización de un escenario como el que describe, sino en la progresiva normalización de la idea de que Ceuta y Melilla son territorios coloniales cuya soberanía podría ser discutida. Por eso, el verdadero problema no es Rubin en sí mismo, sino lo que su artículo revela, que no es otra cosa que la existencia de una corriente de pensamiento que, en determinados contextos, puede considerar aceptable la revisión de la integridad territorial de España. Frente a ello, la respuesta no puede limitarse a la indignación retórica. Requiere, ante todo, una comprensión clara de los mecanismos mediante los cuales se construyen estos marcos y una voluntad política firme para contrarrestarlos (cosa que, por el momento, no se da). Porque en múltiples ocasiones los movimientos geopolíticos no comienzan con los hechos consumados, sino con las ideas y campañas discursivas que los hacen posibles. Y cuando esas ideas empiezan a circular con naturalidad en los espacios donde se definen las estrategias, el riesgo deja de ser una hipótesis lejana para convertirse en una posibilidad que conviene tomar muy en serio.

Emmanuel Martínez Alcocer