«Comienza la polémica vacunación de Guardia Civil y Policía en Cataluña por orden judicial», 20 Minutos; «La vacunación a la Policía Nacional y la Guardia Civil arranca en Catalunya con críticas al Govern», Público; «Ataques a la Generalitat al inicio de la vacunación de Policía y Guardia Civil. «Han cruzado la línea roja»», El Mundo. Son algunos de los tristes, vergonzosos y ejemplares titulares que hemos podido ver esta semana. Y es que efectivamente este lunes día tres comenzó la vacunación a galope tendido de la Policía Nacional y la Guardia Civil en las cuatro provincias catalanas con la vacuna de Moderna (Mozos de Escuadra y Policía Local ha recibido la de AstraZeneca); pero para que esto se produjese ha tenido que haber nada más y nada menos que una intervención del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Éste, el martes de la semana anterior, había tenido que ordenar a la Generalidad, órgano regional de gobierno de todos los catalanes, esto es, de todos los españoles residentes en las cuatro provincias catalanas, les guste más o les guste menos, que en el plazo máximo de diez días garantizara la vacunación de los agentes miembros (y miembras, claro) de los cuerpos de Policía Nacional y Guardia Civil, para equipararlos con los agentes pertenecientes a la policía regional, los Mozos de Escuadra.
Una equiparación que no requiere de poco esfuerzo y prisas –son 4.398 agentes los que hay que vacunar en tres días para llegar a ese ochenta por ciento–, porque mientras que entre ambos cuerpos nacionales apenas estaba vacunada un diez por ciento de la plantilla, el cuerpo de los Mozos de Escuadra ya contaba con más de un ochenta por ciento de sus miembros vacunados. ¿Casualidad? Imposible. Pero esto es algo que Jose María Argimon, secretario de Salud Pública de la región, negaba. Incluso llegó a calificar la sentencia del Tribunal Superior de ridícula, además de poco rigurosa y poco seria desde el punto de vista científico. En la misma línea añadió que los bomberos de la Generalidad también habían pedido vacunarse y no se había politizado ni judicializado –dos de las palabras favoritas de los agentes nacionalistas– este hecho.
Ante estas declaraciones, y conociendo lo ocurrido, no es de extrañar que los portavoces de JUPOL, sindicato de la Policía Nacional, y JUCIL, sindicato de la Guardia Civil, hayan manifestado que temen tener que volver el Tribunal Superior para conseguir que en unas semanas les inoculen la segunda dosis necesaria para la inmunización. Pablo Pérez, vocal de JUPOL, no ha dejado de señalar también el total descontrol provocado por la premura en la preparación tras la sentencia –algunos agentes que estaban de permiso o de vacaciones tendrán que volver para vacunarse; es más, Marcos Veira, también de JUPOL, aclaró que el descontrol generado ha sido tan grande que muchos agentes quedarán sin vacunar porque al hallarse en otras provincias no llegarán a tiempo–, además de manifestar que el Gobierno de la Generalidad los tiene abandonados, y no sólo en esta ocasión, mientras los Ministerios de Sanidad y de Interior miran para otro lado. Por su parte, Milagros Cívico, secretaria en Cataluña de JUCIL, se defendió de las acusaciones vertidas desde la Generalidad de querer dejar sin vacunar a los mayores de setenta años al reclamar su vacunación –como vemos, la bajeza de los dirigentes de la región no tiene límites; se ve que los bomberos de la Generalidad al pedir vacunarse no perjudican a nadie–. Y aclara que si la Generalidad los estuviera vacunando, como debe, no habrían interpuesto ninguna demanda.
Como podemos observar, la miseria moral y la bajeza política de los dirigentes secesionistas de la Generalidad carece de límites. Y es normal que así sea, están acostumbrados a hacer cosas como esta sin que haya consecuencias; antes al contrario, suelen recibir premios en forma de privilegios y generosos presupuestos. Es un ejemplo más, quien no lo vea es porque no lo quiere ver.
Desde la Generalidad no sólo han dejado de lado en la vacunación a los cuerpos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, esos agentes opresores e invasores del malvado Estado español, como reza su esquizoide y perversa propaganda, sino que cuando estos cuerpos tienen que acudir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ya que ni el Ministerio de Sanidad ni el Ministerio de Interior –por más que, cuando saltó la noticia, el ministro Grande Marlaska se diera golpes en el pecho al borde de rasgarse las vestiduras ante las cámaras fingiendo indignación– han intervenido ante tan escandaloso abandono, los acusan de querer dejar sin vacunar a la población más vulnerable. Como si ellos no fueran también personas con una profesión de riesgo. Porque se es culpable tanto por acto como por omisión, y no vacunar a estos agentes, como bien saben desde la Generalidad, que para eso se ha apresurado a vacunar a «su» policía, implica un peligro constante ante el virus, ante el contagio y la posible muerte.
Desde DENAES no podemos más que alegrarnos por esta noticia, a pesar de que haya tenido que ser por medio de una sentencia judicial –aunque esto tampoco suele garantizar mucho, ya que es otra cosa que están acostumbrados a ignorar los dirigentes secesionistas sin que ocurra nada; quizá en este caso la han cumplido porque las acusaciones éticas y morales eran ya demasiado desacreditadoras–, esperando que no se repita en el caso de la segunda dosis necesaria. Y no podemos más que pedir al Gobierno regional y a los Ministerios correspondientes, aunque sea sin esperanza, que hagan lo que deben, esto es, garantizar en la medida de lo posible la salud y la seguridad de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad por igual así como la de todos los españoles a su cargo.
Emmanuel Martínez Alcocer
