Un informe publicado en The New Yorker el pasado 18 de abril sobre el espionaje a políticos catalanes vinculados con el secesionismo ha copado los informativos y redes sociales los últimos días. Nos referimos al informe elaborado por el laboratorio vinculado a la Universidad de Toronto The Citizen Lab, titulado “CatalanGate: Extensive Mercenary Spyware Operation against Catalans Using Pegasus and Candiru”, firmado por varios autores e investigadores entre ellos, Elies Campo.
Elies Campo, es un reputado independentista a quien se ha visto en Bruselas con Puigdemont en varias ocasiones, y también es uno de los nombres que figura en las pesquisas del proceso judicial abierto en la Audiencia Nacional
desde el año 2019, en el que se investiga por indicios de terrorismo a Tsunami Democràtic, y a sus activistas y organizadores de protestas tras conocerse la sentencia contra los lideres del 1-O por sedición.
Al parecer, y según las conclusiones del citado informe, al menos 65 personas fueron infectadas o atacadas con sofisticados programas espía, Pegasus y Candiru, entre ellos miembros del Parlamento Europeo, presidentes catalanes, legisladores, juristas y miembros de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, Omnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana, dos organizaciones que apoyan activamente la independencia de Cataluña.
Nos preguntamos dónde se ha cocinado este informe de encargo y por qué se da a conocer en este preciso momento, y ello nos lleva a la web oficial de The Citizen Lab, laboratorio interdisciplinario con sede en la Escuela Munk de Asuntos Globales y Políticas Públicas de la Universidad de Toronto, que está centrado en la investigación, el desarrollo y la política estratégica de alto nivel y el compromiso legal en la intersección de las tecnologías de la información y la comunicación, los derechos humanos, y la seguridad mundial, según reza su página oficial.
Otro asunto interesante es el apoyo financiero que recibe para la investigación el Citizen Lab, que proviene de diversas fuentes como son el Centro de Estudios de Seguridad Global de Canadá, la Fundación Canadiense Donner, la Fundación Ford, la Fundación Hewlett, HIVOS, el Fondo Hopewell, el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), John D. y Catherine T. MacArthur Foundation, Oak Foundation, Open Society Foundations, Psiphon Inc., The Sigrid Rausing Trust, Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, Walter and Duncan Gordon Foundation. Algunos de sus bienhechores son viejos conocidos, como la Fundación Ford, que vienen realizando injerencias en la vida política española desde hace décadas, y que a través de organizaciones como el Congreso por la Libertad de la Cultura influyó en el proceso de transición española y en la configuración territorial del estado que consagró la constitución, con las repercusiones que hoy día padecemos.
Algunas de las afirmaciones del documento son bastante reveladoras, ofreciendo un relato fantástico sobre lo acontecido en Cataluña desde el año 2017 y sobre su historia y realidad jurídica y social actual. Construyen un grotesco relato totalmente alejado de la realidad y plenamente alineado con la doctrina del movimiento separatista, por lo que queda fuera de toda duda que dicho informe fue elaborado bajo pedido y dentro de una maniobra orquestada por estos movimientos secesionistas para rentabilizar políticamente el aparente escándalo por espionaje que pudiera producirse.
Al margen del foco mediático y el derroche de victimismo que han interpretado a la perfección la caterva de plañideras de toda índole, prensa subvencionada afín incluida, el broche final lo puso la escenificación de la reunión entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y su pretendida “homóloga”, la consejera de la Presidencia de la Generalidad, Laura Vilagrà, en el Palacio de la Generalidad en Barcelona. El vis a vis, oficialmente convocado para abordar los presuntos casos de espionaje, oficiosamente no fue más que otro capítulo de la rendición del gobierno de España ante las pretensiones de los movimientos secesionistas, gobierno que no pierde ocasión para humillarse ante patrios y extraños, movido por su patente debilidad parlamentaria que lo mantiene preso de los delirios de sus socios de investidura, y nos dejó como resultado el compromiso de pago que acometería el Gobierno de España a sus socios por los servicios prestados.
Con lo que el trampantojo del espionaje ha sido todo un éxito, ya que días más tarde se constituyó la Comisión de Secretos Oficiales, oficialmente Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados, que seguía sin constituirse dos años después de arrancar la legislatura en el año 2019. La Comisión de Secretos Oficiales, es una comisión parlamentaria del Congreso de los Diputados a través de la cual el poder legislativo tiene acceso a la información sobre el gasto gubernamental clasificado, accede a los secretos oficiales y controla la actividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Las discusiones en el seno de esta comisión son secretas y el método para ser elegido miembro de la comisión requería, aunque ya no por obra y gracia de Meritxell Batet, una amplia mayoría parlamentaria de tres quintos. De acuerdo con la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados, de 11 de mayo de 2004, sobre secretos oficiales, de la comisión solo pueden formar parte un diputado por cada grupo parlamentario del Congreso.
Sin embargo, tras la conveniente polémica suscitada por el espionaje a políticos independentistas y de manera sorpresiva, el Gobierno ofreció activar la comisión para que la directora del CNI pudiera ofrecer explicaciones al respecto, para lo cual la presidenta del Congreso propuso rebajar el listón y pasar de 210 a 176 votos, y así sortear los previsibles vetos de partidos reacios a dejar entrar en la comisión a secesionistas, independentistas y bilduetarras.
El cambio de reglas de juego se ha tramitado con nocturnidad y alevosía, modus operandi al que por desgracia ya nos tiene acostumbrado este gobierno, y por el procedimiento de urgencia, la presidenta Batet, siempre dispuesta a hacer méritos en pervertir las reglas de juego democráticas, reunió a la Junta de Portavoces y a la Mesa el mismo martes por la noche, el miércoles se publicó la nueva resolución y el pasado jueves 28 de abril se celebró el Pleno del Congreso que eligió a los diez únicos diputados, uno por grupo parlamentario, autorizados para acceder a materias clasificadas como secretas.
Sobre la falta de idoneidad de algunos de los miembros recién nombrados no hay dudas. Nombraremos algunos de los que acumulan los más notables méritos en su batalla por la desmembración de España: Mertxe Aizpurua, Aitor Esteban, Gabriel Rufián y Pablo Echenique, y no hace falta explicar las consecuencias que tiene poner a un zorro a cuidar de las gallinas. Pero entre todos destaca la que ostenta mayores galones, ya que en octubre de 1984 la Audiencia Nacional condenó a Aizpurua a un año de prisión por apología del terrorismo y le prohibió trabajar como periodista durante el mismo tiempo. Y tampoco hace falta recordar los delitos de sangre que pesan sobre algunos de los que integran las listas de su formación.
Sun Tzu ya escribió en el siglo IV a.c. en El Arte de la Guerra que no existe lugar donde no se use el espionaje, y dedicó el capítulo XIII de su obra al empleo de agentes secretos. El sistema español prevé que cuando los sistemas de inteligencia realizan escuchas, para que sean legales tienen que estar autorizadas por un magistrado del Tribunal Supremo, por lo que, si esas escuchas cuentan con ese respaldo, son perfectamente legales. Y en cualquier caso, ¿Quién puede cuestionar que se investigue los movimientos de grupos que han atentado contra la unidad de la nación y que han manifestado su intención de volver a hacerlo? ¿Quién puede creer que tales grupos no sean conscientes de que se investigan sus movimientos? Y más cuando algunos de ellos son parte de procesos judiciales abiertos en la actualidad.
El secesionismo tiene una marcada hoja de ruta, y Pedro Sánchez asumió ciertos compromisos para sacar adelante su investidura. Algunos de ellos son difícilmente explicables a una opinión pública que, aunque debidamente anestesiada, son de tal vileza que deben enmascarase con estas estratagemas. Desconocemos cuanto les ha costado el folletín, y si van a escote con los bilduetarras que han resultado también agraciados con el reparto, pero, al cabo, ha sido un dinero muy bien invertido para su causa. Los principales actores políticos cuyo fin último es desguazar y demoler el Estado y la unidad de la nación española, además de estar bien financiados, tanto por percibir cuantiosos recursos públicos en subvenciones por haber conseguido representación parlamentaria, así como contar con apoyos de organismos privados con un claro interés por debilitar a nuestro país, ahora además tienen acceso a secretos oficiales, es decir, aquellas materias que precisan del más alto grado de protección por su excepcional importancia y cuya revelación no autorizada por autoridad competente para ello, pudiera dar lugar a riesgos o perjuicios de la seguridad del Estado, o pudiera comprometer los Intereses fundamentales de la Nación en materia referente a la defensa nacional, la paz exterior o el orden constitucional.
Pero aún hay más, y es que hoy hemos conocido que también los móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles fueron infectados con Pegasus, hechos denunciados por la Abogacía del Estado ante la Audiencia Nacional donde serán investigados. Y todo parece indicar que los compromisos de pago a los independentistas son de mayor envergadura, ya que se indultó a los condenados por sedición, el Tribunal de Cuentas permitirá que la Generalidad avale con dinero público a sus 34 ex altos cargos investigados por los gastos realizados para organizar el referéndum ilegal del 1-O y para la promoción del procés en el extranjero, se les da un sillón en la comisión de secretos y ya tienen sustituto adecuado para reemplazar a la actual dirección del CNI, puesto que se está pidiendo depurar responsabilidades.
Y todo ello no hubiera sido posible sin la participación y colaboración activa del Partido Socialista Obrero Español, con Pedro Sánchez como responsable principal.
Sara Baigorri
