La semana pasada saltaba la noticia, aunque quizá como los intereses son otros no se le dio gran relevancia: la Audiencia Nacional confirmaba que la familia Pujol Ferrusola sería procesada por los delitos que el juez instructor José de la Mata les imputaba, incluyendo el de organización criminal.

Son cuatro los delitos de los que en el auto de José de la Mata se les acusa: asociación ilícita u organización criminal, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental. Estas acusaciones habían sido recurridas, obviamente, por la familia del honorable presidente, pero la Sección Tercera de la Sala de lo Penal finalmente ha desestimado los recursos y ha confirmado lo detallado en el auto por el juez instructor, de modo que dicho auto pasará a procedimiento con excepciones en dos de los procesados. Uno de ellos es Carlos Sumarroca Coixet, para el cual se archivará la causa; la otra es Mercé Gironés, a la que se le retirarán dos delitos contra la Hacienda Pública.

De lo que no parece haber duda es de los actos cometidos con sus cuentas bancarias en el extranjero, en Andorra principalmente, por parte de la familia Pujol Soley/Ferrusola. Estos, según se detalla, habrían realizado continuos movimientos de fondos de unas cuentas a otras, abriéndolas y cerrándolas a conveniencia, además, como una estrategia destinada a ocultar el origen de dichos fondos. Fondos cuantiosos que, tal y como se indica en el auto, tendrían un origen ilícito ya que provendrían de operaciones ilegales que habrían llevado a ciertas resoluciones de la Administración autonómica catalana mientras los Pujol estaban al mando. Por ello la Audiencia Nacional ha dejado claro que el juez De la Mata apunta con fundamento «a una serie de actuaciones de la organización, presuntamente formada por los recurrentes, destinadas a orientar en determinada dirección diversas resoluciones administrativas, aprovechando el cargo de Pujol Soley al frente de la administración autonómica catalana, fruto de lo cual se obtenían importantes rendimientos económicos, que eran ingresados en cuentas bancarias en el extranjero y sometidos a diversos movimientos y transmisiones, para ocultar su origen ilícito».

No es de extrañar que la Audiencia Nacional, a pesar de las presumibles presiones que habrá recibido, dictamine en su auto a favor de lo alegado por el juez instructor, porque en él se detalla con precisión cómo estas acciones ilegales y movimientos de fondos no fueron sucesos puntuales, sino prolongados en el tiempo. Movimientos y actos ilícitos en los cuales participaron todos los miembros de la familia, especificando el papel de cada uno de ellos. Por ello se considera que todos estos hechos constituyen inicialmente una asociación ilícita que, dado el cambio normativo, posteriormente habría adquirido el grado de organización criminal. Es decir, que la participación de los miembros del clan no habría sido a título lucrativo, como alegaban estos en su recurso, sino que su participación sería a título criminal.

Por nuestra parte, a pesar de que está todo por determinar, esto es, por condenar, no nos cabe más que estimar esta noticia como un paso importante en la lucha contra uno de los principales clanes secesionistas que tanto daño hacen a la unidad de la nación política española. Así como dar todo nuestro apoyo a los jueces que están llevando esta tarea nada fácil, tanto por la dificultad de las investigaciones mismas como por las presiones que seguramente reciben por intereses políticos de unos y otros.

Y es que, a nuestro juicio, para hacer frente a las diversas bandas secesionistas que horadan cada día la unidad de España, que hacen de su victimismo un pozo sin fondo por el que se van altos porcentajes del presupuesto nacional y regional, tan necesarios para el conjunto del país, que enferman cada día las cabezas de cientos de miles de ciudadanos españoles con sus ideologías nacionalistas, que legislan dividiendo a los españoles en función de las distintas geografías y lenguas que componen el país, que incluso matan a otros españoles sólo por ser españoles; y es que para hacer frente a todo esto y acabar con ello, decimos, no hace falta «meter los tanques», lo cual sería muy imprudente. Además de que podría ser malinterpretado como un reconocimiento de esos territorios como no pertenecientes a España, ya que el ejército suele emplearse contra otros países, no contra el propio. El Estado español –ese vil opresor según estas enriquecidas y brabuconas bandas facciosas– cuenta con unas fuerzas de seguridad y multitud de jueces a los que, como mínimo, simplemente habría que dejar hacer su trabajo, y que apoyar cuando este se haga bien. Es más, si quisiera el Estado cuenta también con multitud de mecanismos propagandísticos con los que, con la mayor de las sutilezas, si se requiere, contrarrestar la propaganda antiespañola que los secesionistas vierten a cada hora en vez de, como en este caso que comentamos, ocultar las vergüenzas de estos enemigos internos de la nación. La prudencia manda, y el mal está tan enquistado que es muy difícil expurgarlo, pero, como se puede ver con este ejemplo, tampoco es imposible.

 

Emmanuel Martínez Alcocer