En la jornada del pasado jueves en el Congreso de los Diputados, día al que podríamos bautizar y conmemorar como la jornada del bochorno nacional, se debatía y votaba, entre otros asuntos del orden del día, la convalidación del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, o como se ha conocido popularmente, la reforma laboral. Y aunque alguna sesión parlamentaria pueda tener su aquel, nadie esperaba semejante espectáculo vergonzoso ni cómo el esperpento lo iba a inundar todo. Esperpento que inevitablemente nos trajo a la memoria otra efeméride, la de aquella tarde de octubre de 2017, en la que el entonces presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, hoy fugado de la justicia española, declaraba unilateralmente la independencia de Cataluña, e inmediatamente después la dejaba en suspenso, proporcionando tan solo 30 segundos de independencia interruptus a sus feligreses, y justo antes de esconderse en un maletero y salir huyendo. En este caso fue la presidenta del congreso, Meritxell Batet quien declaró, tras la votación, que el Real Decreto-ley quedaba derogado, para segundos después expresar que quedaba convalidado.

La reforma laboral que se debatía ha mutado, como el virus que se resiste a desaparecer, desde la derogación total que PSOE y Unidas Podemos prometieron a sus votantes, y así reflejaron en su acuerdo de gobernabilidad firmado inmediatamente después de que Sánchez remediara milagrosamente su insomnio, donde se comprometían expresamente a su derogación, y que posteriormente ratificaron con EH Bildu, regalando a sus sufridos votantes otra promesa incumplida, esta vez para sacar adelante la quinta prórroga del inconstitucional estado de alarma.

La última mutación ha dejado como resultado una reforma, la finalmente aprobada el jueves en el tiempo de descuento y con medio congreso pidiendo el VAR, que no deja de ser una leve intervención cosmética de la anterior, tan denostada por la izquierda de nuestro país, y que se resolvió, también en aquella ocasión, bajo la tutela de Bruselas, consiguiendo salir adelante in extremis, por obra y gracia de un voto telemático ¿erróneo? de un diputado popular, para mayor gloria de la Ministra del consenso, y después de que dos diputados de UPN votaran en contra de su convalidación incumpliendo las directrices de su partido. De infarto.

La polémica suscitada tiene su enjundia, y Batet puede enfrentarse a un delito de prevaricación por el presunto pucherazo. El diputado popular que erró a la hora de ejecutar su voto telemáticamente, trató de enmendar el desaguisado, y según establece de forma inequívoca una resolución de la Mesa del Congreso, que tiene la misma validez que el reglamento de la Cámara, Batet tendría que haber convocado a la Mesa una vez que el diputado solicitó el voto presencial. Pero la presidenta de la cámara obvió tal procedimiento y dio por válido el voto, imprescindible, para sacar adelante la convalidación de dicho Real Decreto-ley. La opinión pública, lejos de mostrar un ápice de lástima con el protagonista, arrojó con furia sobre sus espaldas la carga pesada de la incompetencia, y también de la sospecha pues, no es descabellado pensar que todo sea un tosco paripé, ideado en algún despacho monclovita, donde se conspira y aspira a volver al bipartidismo y a la alternancia para que todo siga igual. Los hechos son muy graves, no cabe duda, y surge el temor de lo que serían capaces de hacer sin cámaras, pero por qué atribuir a la maldad lo que puede ser explicado por la torpeza.

Lo que también se fraguó de manera bastante opaca, y torpe, fue el acuerdo de UPN con Sánchez, quién después del infame “presos por presupuestos” con EH Bildu, no tuvo ningún pudor en comprar los dos votos a priori necesarios, y que le negaban sus socios de investidura, para sacar adelante esta reforma. Lo que ha trascendido es que prometieron inversiones para Navarra, además de evitar la reprobación del alcalde de Pamplona, aunque las dos partes se niegan a hacer público los detalles, y sorprende como a Sánchez le sale cada vez más barato conseguir apoyos teniendo en cuenta su notorio historial incumplidor.

Los díscolos, parece ser que ajenos al tejemaneje del líder de su formación, decidieron saltarse la disciplina de partido y, aunque la constitución consagra que los miembros de las Cortes Generales no están ligados por mandato imperativo, ya han pedido sus actas y pretenden expulsarlos del partido. Por el momento el Comité de Disciplina de UPN ha propuesto suspenderlos de militancia dos años y medio, pero los diputados anuncian recursos y se aferran a sus actas. El tsunami que ha generado este movimiento es de dimensiones colosales, y no deja de ser lamentable que el primer partido de Navarra implosione de esta manera, con un partido socialista totalmente entregado a suscribir los pactos que sean necesarios con el partido de la ETA y a plegarse a sus delirios identitarios con tal de mantenerse en el poder. 

En cualquier caso, cuesta creer que el sentido de voto de cualquiera de estas formaciones políticas, incluidas las que conforman el Gobierno, tenga algo que ver con el contenido de la reforma laboral aprobada ni con sus aspiraciones iniciales sobre la misma, reforma, o más bien, retoque que ahora ensalzan y tan solo hace unos meses la denostaban y la hacían responsable de arrebatar derechos laborales. Las estrategias pactistas que hemos visto no tienen otro objetivo que perpetuar en el poder a unos y asegurar sillones a otros que esperan pacientes su turno de reemplazo, y están muy alejadas de servir al interés general. Y mientras tanto, los que no viven al abrigo de esta industria, observan con estupor el lamentable espectáculo protagonizado por los que vinieron a servirles.

Pero, qué cabe esperar de un gobierno como el actual, en precaria situación parlamentaria, sin apoyos sólidos y sin ningún escrúpulo, expuesto a todo tipo de amenazas, donde la compraventa de votos y acuerdos de tan baja calaña son su día a día, y viven desconectados absolutamente de las necesidades reales de los ciudadanos con empleos precarios, precios desbocados, cifras de paro juvenil alarmantes, y gran incertidumbre sobre la recuperación económica y sobre el futuro en general.

Y por ello, el pasado jueves no solo se votaba la reforma laboral, también se votaba fortalecer a este gobierno y afianzar su camino al fin de la legislatura, se daba el voto a consolidar un gobierno que, según los hechos conocidos esta semana de extrema gravedad, ha estado trabajando de la mano con el entorno de la banda terrorista de ETA, interlocutores preferentes de Sánchez, y desde el Ministerio del Interior se compartía información de asuntos penitenciarios con ellos, que ahora, en lugar de hacer listas de objetivos terroristas a abatir, como tantos hombres mujeres y niños asesinados, los etarras pasaban listas de presos a los que aplicar el doping del beneficio penitenciario exprés sin pedir perdón expreso a las víctimas. Este es el gobierno de Pedro Sánchez.

Sara Baigorri