Analizando el último Informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre el personal en activo al servicio de las distintas Administraciones Públicas, me ha salido parafrasear al genio Quevedo en su célebre soneto:
Miré los muros (efectivos) de la patria mía,
si un tiempo fuertes, ya desmoronados,
Les comento los datos del citado Informe para que puedan tomar conciencia del estado de descomposición que se encuentra actualmente la Administración General del Estado (AGE), esta es, la que nos representa y defiende a todos los nacionales. Este es el presente de España en cinco pinceladas:
– PRIMERA. España tiene aproximadamente tres millones de empleados públicos, de los cuales, poco más de medio millón pertenecen a la AGE, siendo por primera vez superados por las Corporaciones Locales (CCLL) que se encuentran cercanos a los seiscientos mil. Así es, las CCLL, que en tiempos fueran una administración estructuralmente modesta, tienen ya más efectivos que la otrora todopoderosa AGE.
– SEGUNDA. Las Comunidades Autónomas (CCAA) disponen de casi dos millones de empleados públicos, esto es, si las matemáticas no fallan, casi cuatro veces más que la AGE. Pienso que, ni el noble más ambicioso del medievo como el mítico Don Juan Manuel pudo aspirar a tal proporción en tiempos feudales con respecto al poder central regio. España con estos datos probablemente sea el país del mundo con un mayor nivel de descentralización administrativa (por supuesto también política).
– TERCERA. De los menguados efectivos de la AGE (medio millón), más de trescientos mil son: Guardias Civiles, Policías Nacionales, Militares y Funcionarios de Prisiones. Aproximadamente cien mil pertenecen a Entidades Públicas que aguantan a duras penas dentro de la AGE como: Agencia Tributaria, Entidades Gestoras de la Seguridad Social, Confederaciones Hidrográficas, CSIC. Y tan sólo noventa mil es el personal que nutre a todos nuestros Ministerios, incluida administración exterior y periférica en CCAA a través de los Delegados del Gobierno.
Para contextualizar el dato, tengan en cuenta que sólo la Sanidad Pública Madrileña cuenta con más de noventa y dos mil profesionales contratados, esto es, tiene más efectivos que todo el personal de todos los Ministerios juntos.
– CUARTA. Hay Ministerios en circulación que cuentan con un número de empleados públicos inferiores a los de cualquier Junta Municipal de un Ayuntamiento como el de Madrid. Así Igualdad (163), Ciencia e Innovación (276), Consumo (267). La mayoría de los Ministerios no pasa de mil efectivos, esto es, menos que un Ayuntamiento mediano.
– QUINTA. Además el personal de la AGE está en un porcentaje muy elevado próximo a la jubilación sin que se prevea reposición alguna por falta de interés gubernamental. No quiero deprimirles con el creciente número de asesores, restando cada vez más protagonismo a los cuerpos de funcionarios públicos tradicionales (que son los que representarían la objetividad, independencia e imparcialidad). Por cierto, sensiblemente ya hay más mujeres trabajando en el AGE que hombres.
Consecuencia de estos datos, es obvio que España es un país roto en lo que se refiere a las condiciones básicas de igualdad en el acceso a los servicios públicos esenciales al no poder garantizarlos desde instituciones centrales, hoy día, inoperantes. En este sentido el último Informe del Ministerio de Sanidad destaca como los tiempos medios de espera quirúrgica entre CCAA genera una desigualdad entre ciudadanos españoles absolutamente aberrante (más de ciento treinta días de diferencia entre unas CCAA con otras como consecuencia de su mejor gestión o mayores recursos). Y así con todos los Servicios Públicos vertebradores de un país.
La explicación del porqué hemos llegado a esto la saben ustedes perfectamente: décadas de cesiones de competencias, con los consecuentes traspasos de medios materiales y personales a insaciables CCAA, con distintos objetivos, bien destruir a España empezando por sus estructuras administrativos, bien no ser menos en el reparto de la “tajada”, con sus eventuales colocaciones.
Con este panorama se acerca un iceberg: imagínense en un futuro, que se ignoren abiertamente las disposiciones estatales y que no haya ningún empleado público disponible para enmendar este desafuero. Queda apuntado mi profecía, esperemos que no sea al más puro estilo Casandra (la profetisa que adivinó la destrucción de Troya por la vía del engaño del mítico Caballo, sin que nadie de aquella civilización la creyera).
Pero quiero terminar con optimismo, especialmente en días como hoy en que deslumbra un siempre reconocible Sol Español, hay fórmulas para subvertir el modelo. Propongo una sencilla para quien la quiera patrimonializar: que se ofreciera a algunos empleados públicos una doble condición: al servicio de su CCAA o CCLL y del Ministerio que procediera, defendiendo en última instancia los intereses de España.

Alberto Serrano Patiño.

Ex Concejal del Ayuntamiento de Madrid
Funcionario de Carrera. Letrado.