Mercosur y la demolición del campo europeo

La firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur ha desatado una oleada de protestas en el mundo rural. No es para menos. Los agricultores y ganaderos perciben con razón que la nueva apertura de mercados empeora una situación que ya es crítica. Sin embargo, centrarnos exclusivamente en este tratado sería un error de diagnóstico. Mercosur no ha creado el problema, sino que es un síntoma más de la grave enfermedad que nos afecta. La verdadera demolición del campo europeo viene de mucho antes y tiene su epicentro en la arquitectura normativa, fiscal y burocrática construida desde Bruselas.

Durante años se ha impuesto al productor europeo una acumulación de exigencias medioambientales, sanitarias, administrativas y laborales que no existen en otros mercados.

Se legisla desde despachos urbanos desconectados de la realidad productiva. Se encarece artificialmente cada hectárea cultivada, cada cabeza de ganado o cada litro de leche. El agricultor no compite en igualdad de condiciones ni siquiera dentro de su propio continente. Y cuando el producto llega al consumidor, su precio ya no refleja solo el trabajo y la calidad, sino una cadena de costes regulatorios que asfixia al productor y vacía el bolsillo del ciudadano.

El resultado es visible. Los alimentos son más caros, los márgenes se estrechan, la rentabilidad desaparece y el relevo generacional se convierte en una quimera. Muchos jóvenes abandonan el campo no por falta de vocación, sino porque no ven futuro en el sector. No hay romanticismo que resista una explotación que pierde dinero bajo una montaña de burocracia. En ese contexto, la entrada de productos de terceros países no hace sino evidenciar una fragilidad estructural que que ya existía.

La realidad es que Europa ya importa masivamente carne, soja, frutas y piensos procedentes de Iberoamérica, producidos bajo estándares que aquí estarían prohibidos. El acuerdo de Mercosur no da luz verde a ese flujo, más bien lo formaliza y lo abarata parcialmente. Lo cierto es que la competencia desleal no nace en Buenos Aires ni en Brasilia. Se origina cuando la Unión Europea decide imponer a sus propios productores un corsé regulatorio incompatible con la supervivencia económica.

A esto se suma un sistema de subvenciones profundamente distorsionado. La mayor parte de las ayudas acaba en manos de grandes propietarios y sociedades empresariales, mientras el pequeño y mediano productor queda atrapado entre papeleos interminables y controles asfixiantes.

El discurso oficial habla de sostenibilidad, bienestar animal y transición ecológica. Pero en la práctica, muchas decisiones ignoran soluciones técnicas más viables y terminan perjudicando precisamente al animal, al agricultor y al consumidor. Un ejemplo lo tenemos en los sacrificios masivos de vacas por la dermatosis nodular, lo que ha dejado en la ruina a miles de familias en toda Europa, siempre bajo la bandera de una especie de pureza administrativa que, a modo de nueva religión, se impone al sentido común de los productores y de quienes de verdad conocen el medio rural. Lamentablemente, el campo europeo se ha convertido en una especie de laboratorio para una ingeniería ideológica diseñada desde los despachos.

Los efectos no se hacen esperar. El consumo de carne de vacuno, pescado o aceite de oliva se desploma. En la nueva dieta que nos impone Bruselas, la sociedad española ha reducido su consumo de carne roja en casi un 40% entre 2006 y 2023. Y no lo ha hecho por el repentino auge del vegetarianismo, sino porque muchos no pueden pagar un producto cuyo precio no para de crecer. Pero no se preocupen, la nueva dieta de Bruselas nos ofrece alternativas como productos cárnicos ultraprocesados que apenas tienen un 50% de carne. Ese parece ser el futuro.

Mercosur llega entonces como el chivo expiatorio perfecto. Permite desviar la responsabilidad hacia un enemigo exterior mientras se oculta el fracaso de un modelo europeo desconectado de la realidad económica. Se acusa al acuerdo de traición al mundo rural cuando la traición diaria viene de la mano de cada reglamento, de cada nuevo impuesto, de cada obligación absurda que impide producir con competitividad.

Todo esto adquiere en España una especial gravedad. Nuestro campo sufre despoblación, envejecimiento y falta de relevo generacional. Se importan productos que podrían producirse aquí con calidad y nuevos puestos de trabajo si no existiera esa maraña normativa que lo dificulta todo. Perdemos soberanía alimentaria mientras se destinan recursos públicos a agendas ideológicas que nada aportan a la supervivencia del sector agropecuario. Lo de la soberanía alimentaria no es baladí, porque si hoy dejásemos de importar alimentos de manera repentina, Europa sufriría de inmediato una crisis alimentario. Ya somos muy dependientes.

La paradoja es escandalosa. Se habla constantemente de solidaridad internacional, de cooperación global y de sostenibilidad planetaria. Pero al mismo tiempo se abandona a nuestros productores, que son los garantizan el abastecimiento, el equilibrio territorial y la continuidad cultural del mundo rural. Se exige sacrificio al agricultor y ganadero europeo mientras se facilita la entrada de productos fabricados bajo reglas más laxas. Mercosur no es el origen del problema, es la prueba de que el sistema ya estaba roto.

Ignacio Temiño