Las autoridades independientes dependientes del Gobierno

El Gobierno de Sánchez y sus “colegas” (en la acepción de los coautores de fechorías al modo del “cine quinqui” de Eloy de la Iglesia) con su permanente marrulleo la pretenden volver a hacer, convirtiendo nuestro país en una ciénaga inmunda y mal oliente, aprovechando para ello, como en otras ocasiones, la mala siembra que dejó el Partido Popular (PP). Echamos de menos los limpios tiempos de Lucio Cornelio Baldo. Luego les cuento quién fue este gran personaje hispánico.

Como les decía, rememorando a la “banda del vaquilla”, la última que nos ilustra la prensa, es que María Jesús Montero, alias “chiki”, todavía Ministra de Hacienda, ha propuesto a una subordinada directa suya, la actual Secretaria General de Financiación Autonómica y Local, Inés Olóndriz, para presidir la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que, de esta manera, pasaría de un día a otro, de ser un alto cargo dependiente del Gobierno a presidir una entidad independiente que tiene por objeto fiscalizar a su mismo, hasta entonces, Gobierno.

Para más inri, y como ya debería haber rumores al respecto, Montero desoye la petición de la saliente Presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, que, en entrevista en medios de comunicación, había solicitado expresamente que su sucesor no proceda del Gobierno para «preservar la independencia de la institución».

En fin, otra Institución degenerada más al estilo: Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Fiscalía General del Estado, etc.

Llegados a este punto, por si hay algún despistado, les informo que la AIReF creada por el PP por ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, es un ente de Derecho Público que ejerce sus funciones teóricamente con autonomía e independencia funcional respecto de las Administraciones Públicas.

Su misión es garantizar el cumplimiento efectivo por las Administraciones Públicas del principio de estabilidad presupuestaria, del endeudamiento público, y el análisis de las previsiones económicas, certificando ante Bruselas si España cumple o no con las reglas de déficit comunitario. La propia Comisión Europea ha recordado recientemente la necesidad de independencia de este organismo.

La normativa que aprobó el PP, establece que el Presidente de este Organismo será designado por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda, entre personas de reconocido prestigio y experiencia mínima de diez años de ejercicio profesional en materias de análisis presupuestario, económico y financiero del sector público, valorándose especialmente su independencia y objetividad de criterio, con el único requisito preceptivo de una previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados, que deberá avalar el nombramiento por mayoría absoluta.

Ciertamente la candidata, la señora Olóndriz tiene perfil técnico, cumpliendo la literalidad de la ley, pero no, desde luego, se respeta el espíritu de la misma, ya que nadie piensa que va a fiscalizar al Gobierno del que ha formado parte de forma objetiva e independiente, y en este sentido, es conocida sin ir más lejos su implicación en el nuevo modelo de financiación de Cataluña acordado con Oriol Junqueras, con el rechazo de la mayoría de las comunidades autónomas. Es decir, que es una vieja conocida al estilo Cándido Conde Pumpido.

Si me permiten un paréntesis, me ha recordado al primer español que es hoy oficialmente reconocido como aquel que tuvo el primer pleito de nuestra historia. Se trataba del gaditano de entonces Lucio Cornelio Balbo del que les hablaba. El juicio fue porque obtuvo la ciudadanía romana y tal concesión fue impugnada por sus pérfidos enemigos. Como curiosidad, sería defendido en la pugna judicial, ni más ni menos que por el abogado e insigne retórico Cicerón.

Los argumentos de los que cuestionaban la ciudadanía romana de nuestro paisano se basaban en que para ser titular de aquella dignidad a un oriundo de la ciudad de Gades, debería estar vigente la Lex Gellia Cornelia, ley en la que se motivaba el otorgamiento de la ciudadanía del nuestro, y no parecía que fuera el caso. Pero Cicerón basó su brillante defensa en la esencia de las leyes que concebían el privilegio de la ciudadanía en premio a extranjeros que se destacaban en batalla o en la defensa del imperio, tal como se merecía el bueno de Balbo, y eso era lo importante.

Eterna pugna jurídica entre la letra de la ley y su espíritu, que en este pretérito caso se saldó a favor de la esencia, para goce de nuestro ilustre antepasado. Menudo gran personaje el hispano Balbo, primer no nacido en Italia en conseguir el honor de cónsul en el año 40 A. C. e íntimo amigo del mismísimo Julio César.

Volviendo a la España actual, hay que lamentablemente recordar que, en un sistema democrático, la soberanía nacional reside en el pueblo. Pero como éste, por razones obvias, no puede ejercer por sí mismo el poder, necesita de representantes en forma de gobernantes elegidos para llevarlo a cabo del modo que más convenga al interés general.

Así, la clase política desempeña un poder fiduciario y toda la Administración Pública creada, en rigor, es un aparato burocrático dirigido a que el poder delegado en el Gobierno se ejerza con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. No obstante Sánchez y su “pandilleja” no lo interpreta de esta manera y convierte las instituciones en aparatos represivos para legitimar la acción de su Gobierno, y en buena medida, lo está consiguiendo a través de las rendijas de nuestro sistema normativo con nombramientos como el propuesto para la presidencia de la AIReF.

Qué tiempos aquellos de egregias personalidades como Lucio Cornelio Balbo.

Alberto Serrano Patiño.

Ex Concejal del Ayuntamiento de Madrid

Funcionario de Carrera. Letrado.

Docente y escritor.