La última puñalada a la unidad de España: BOE 290/2025

La última puñalada a la unidad de España se ha llevado a cabo este mes de diciembre en el BOE 290, de 3 de diciembre de 2025, en el que se publica el Real Decreto Ley 15/2025 cuya Disposición Final Tercera contempla, por la puerta de atrás, una modificación trascendental de la normativa de régimen local.

En concreto se añade una nueva disposición adicional décimo octava a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por cuya virtud la gestión de la oferta pública de empleo y los procesos de selección de los funcionarios con habilitación de carácter nacional pasarán a depender de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Los funcionarios de administración local con habilitación nacional (Secretarios, interventores y tesoreros) en la actualidad desempeñan funciones esenciales en todas las entidades locales, garantizando la legalidad, la transparencia, el control económico-financiero, la estabilidad presupuestaria, el adecuado manejo y custodia de fondos municipales y, sobre todo, lucha en primera línea contra la corrupción.

Pues bien, este Real Decreto Ley, todavía pendiente de convalidación en el Congreso de los Diputados, supone literalmente cargarse al cuerpo de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, al menos en el ámbito de Cataluña, y con la ventana abierta al resto de España, por supuesto. Dejarán de ser un cuerpo de dimensión nacional para pasar a depender de instancias autonómicas.

Estamos hablando de un Cuerpo funcionarial de los de mayor abolengo y antigüedad, cuyos antecedentes inmediatos se basan en el Estatuto Municipal de 1924, que supuso un importante avance en el establecimiento de oposiciones a nivel estatal para el acceso al Cuerpo, como instrumento para frenar el imperante caciquismo y la selección por los propios municipios de la época que, por ineficaz y nepótica, tanto estaba dañando la imagen de España en el siglo XIX.

Si bien los antecedentes más remotos habría que situarlos incluso en El Ordenamiento de Alcalá promulgado por Alfonso XI en el año 1348 con la figura del Corregidor Real, cuando se afirma en dicho texto: “Otro sí, que el tal Corregidor, que así enviaremos (en los casos que se debe enviar) sea persona idónea (…)”.  Texto fundamental de nuestra historia jurídica, hasta el punto que algunos autores lo han considerado como la primera constitución española, cuyo objeto era luchar contra la dispersión normativa, creando un cuerpo normativo que estableciese un marco de seguridad jurídica imprescindible ya en la época y para cuyo logro el principal instrumento era la figura del citado corregidor real.

Pues bien, aterrizando de nuevo a la dura realidad actual de España decíamos que el instrumento legislativo diseñado para esta tropelía es un Real Decreto Ley que como es sabido es una ley adoptada sin trámite procedimental parlamentario a priori alguno por razones de extraordinaria y urgente necesidad.

La justificación de este soterrado proceder según la Exposición de Motivos de la norma en cuestión es:

“La Generalitat ha reivindicado reiteradamente la recuperación de estas competencias, atendiendo a razones de interés general: garantizar la adecuada organización de la administración local conforme a sus prioridades, paliar el déficit estructural de habilitados en los entes locales, agilizar los procedimientos de provisión y cubrir las vacantes existentes, así como atender a las especificidades lingüísticas y territoriales y reforzar la proximidad en la gestión.

Por todo ello, se considera necesario reconocer a la Generalitat la competencia para la aprobación de la oferta pública de empleo y la selección de dichos funcionarios, asegurando la eficacia y continuidad en el funcionamiento de las entidades locales en su ámbito territorial”.

Ya me dirán ustedes donde radican las citadas razones de urgencia, en este caso, para desmontar un cuerpo centenario. Las críticas por parte de los colectivos profesionales representativos de estos Cuerpos están siendo furibundas.

Así, ha afirmado tajantemente APSITAL (Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local) “el Gobierno ha decidido sacrificar la imparcialidad y la independencia de los funcionarios habilitados nacionales para asegurar apoyos parlamentarios, convirtiéndonos de facto, en moneda de cambio”.

Pero en idéntico sentido, el siempre menos acalorado Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL) también ha  manifestado en un comunicado público: “su profunda preocupación ante la aprobación, en el día de hoy, por el Consejo de Ministros, del Real Decreto-ley que modifica la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, cediendo a la Generalitat de Cataluña la gestión de la oferta pública de empleo y los procesos de selección de los funcionarios con habilitación de carácter nacional”.

La explicación de  este desafuero la sabemos perfectamente los españoles, un Pedro Sánchez, este sí con muchas urgencias, constreñido y clamando clemencia por los incumplimientos que reconocía se habían llevado a cabo con la delegación secesionista de Puigdemont que, en este punto se refería, suponemos, dado el oscurantismo, a los compromisos de vaciamiento competencial del Ministerio de Función Pública (y pendiente la Agencia Tributaria), todo ello para mantener la respiración asistida que suponen los malditos 7 votos.

Muy lamentable, pero al menos todavía nos queda el recurso al pataleo. Así, hubo una concentración el p 11 de diciembre de 2025  frente al Congreso de los Diputados en defensa de los cuerpos de la administración local funcionarios habilitados nacionales dirigido no sólo al actual gobierno sino a sucesivos ejecutivos en orden a que puedan revertir esta penosa situación de cara a un futuro.

Les invito a que nos unamos a esta convocatoria y que el ya centenario cuerpos de funcionarios de la administración local con habilitación nacional, cumpla otros cien años más en unidad, como mejor garantía de legalidad y eficacia de la administración pública local española.

 

Alberto Serrano Patiño.

Ex Concejal del Ayuntamiento de Madrid

Funcionario de Carrera. Letrado.

Docente y escritor.