Que el Gobierno sanchista hace trampas hasta en un solitario es público y notorio. Las trapacerías, el engaño y la manipulación son sus señas características de identidad. Nunca irán de frente.

Se habrán extrañado (quizás) de la última supuesta ocurrencia de Sánchez para alimentar su pacto vergonzoso con los secesionistas de Puigdemont que le mantienen intubado en su trono gubernamental. Se trata de la llamada ley de atención al cliente, que empezará a debatirse en breve en el Congreso.

Una reforma legal por cuya virtud las grandes compañías que operan en España tengan que atender obligatoriamente en catalán y en los demás idiomas cooficiales, cuando así se requiera por los usuarios, incluso fuera del territorio de estas Comunidades Autónomas.

Y por aquí se han escapado sus auténticas intenciones, después de declarar, «los catalanes tienen que tener los mismos derechos que un francés o un inglés». A cuento de qué viene sacar a países miembros de la Unión Europea, a propósito de una empresa asentada en Murcia o Salamanca, y de un cerril catalán que, pese a ser su obligación constitucional conocer y hablar el castellano se niega a ello, porque la Ley Suprema ya es papel mojado para esta gente. Se lo explico.

Como ya habrán advertido algunos en el fondo les traiciona el subconsciente. Ciertamente les importa un bledo la atención en catalán en cualquier parte de España, lo que pretenden con ello es que sea obligatorio su conocimiento fuera del territorio estricto de su Comunidad Autónoma para hacer valer ante la Unión Europea que el catalán es obligatorio en todo el territorio español, como sería el caso, si finalmente saliera adelante esta infame ley. El coste para las empresas españolas, por supuesto, sería daño colateral, incluidas las catalanas que tendrían que agenciarse respectivos traductores de gallego y vascuence.

Recordarán que uno de los compromisos que adquirió Sánchez en la investidura con Puigdemont, y que no termina de materializarse, era atribuir al catalán el carácter de lengua oficial de la Unión Europea, con sus consiguientes traductores y demás gastos asociados que siempre generan aplauso de la tribu agradecida.

Pues bien, en este cometido es imprescindible que el Consejo de la Unión Europea, actualmente formado por 27 miembros, por unanimidad apruebe la reforma sobre la oficialidad del catalán. Aunque algunos países han expresado su abierto rechazo a la medida, lo cierto es que a la mayoría le resulta bastante indiferente, y este número puede seguir lamentablemente subiendo si España insistiera en la medida, cediendo a favor de estos países en algunos otros aspectos sustanciales para ellos.

Aunque no es una norma escrita de la Unión Europea, pero el argumento que se ha esgrimido de forma corriente por determinados países para rechazar la oficialidad del catalán, ha sido que se trata de una lengua que no rige en el territorio de todo un Estado. Así, carece de sentido que un español que no puede exigir que le traten en catalán en Cádiz tenga derecho a pedirlo en Bruselas.

Por tanto, la posibilidad de que por ley sea exigible el uso del catalán en todo España incluso en el ámbito privado, refuerza en mucho las pretensiones de imposición lingüística del separatismo catalán.

Si no sale bien, pues alguna empresa catalana seguro chupará algo del frasco del resto de España como premio de consolación. Por otro lado, ya tienen preparado un plan B vía asociación del Estado Soberano de Andorra con la Unión Europea, cuyo idioma oficial es el catalán, lo que implicaría la obligatoriedad de su uso en determinadas instituciones. Está claro, que los separatistas tienen un programa político en marcha, que van cumpliendo puntualmente.

Y a propósito de programas políticos; le preguntaba hace unos meses un conocido periodista al ex Presidente del Gobierno, Felipe González, acerca de cuándo terminaría la vida política del actual inquilino de la Moncloa, a lo que venía a  responder, con esa mala leche que siempre le caracterizó, que en este mandato nunca tuvo vida política, en la medida que siempre ha estado a las órdenes de bilduetarras, de Puigdemont y del resto de la lamentable coalición que le sustenta, unidas para despedazar España con el lema castizo de: “entre todos la mataron y ella sola se murió”.

Efectivamente, no sabemos si Pedro Sánchez y lo que queda del PSOE tiene alguna idea clara sobre las transformaciones políticas que serían precisas para mejorar España en función de sus orientaciones ideológicas. Suponemos que no, en la medida que evidencian que el único plan es mantenerse en el poder como sanguijuelas disfrutando del mismo lo máximo posible, estancias de hotel incluido como por ejemplo su hermano en la Moncloa, tal como hemos sabido recientemente.

Decimos que no tiene ningún plan de gobierno. Procedo a motivar semejante aseveración: es conocido que gobierna con unos presupuestos confeccionados en el año 2022, trampeados a base de Decretos Leyes en función de lo que va soltando a modo de parias medievales a los enemigos de España. Además, ya contamos en un precedente artículo en Denaes que el año 2024 fue el de menos producción legislativa de la historia con 6 leyes ordinarias y 7 leyes orgánicas, pero este año va en la misma línea, hasta la fecha 7 leyes ordinarias y 3 leyes orgánicas, en términos generales, irrelevantes para afrontar nuestros problemas sociales y económicos.

En fin: ya entenderán el interés en la llamada ley de atención al cliente (en catalán). Una más, o una menos que le queda de hacer (permítanme que lo vea con optimismo) a este infausto Gobierno.

 

Alberto Serrano Patiño.

Ex Concejal del Ayuntamiento de Madrid

Funcionario de Carrera. Letrado.

Docente y escritor.