Nuestra querida España cada vez parece más que la dirige el gerente de un negocio ilegal acostumbrado a incumplir sistemáticamente todas las normas jurídicas y morales, habidas y por haber, con pretextos peregrinos y unas formas muy zafias y desagradables. Un fenómeno, que podríamos llamarlo, la koldonización de la política.

Se resume de la siguiente manera: ante problemas judiciales o policiales (que obviamente son los suyos propios), soluciones de trilero, sin molestarse mucho en ocultar un ánimo defraudador, y luego a reírse a mandíbula batiente. Lo humillante para este país es que todo este trampantojo a lo Torrente, se publica en el Boletín Oficial del Estado.

En este sentido, comienza el año 2025 presentando el Gobierno Socialista la llamada Proposición de ley orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas. Se conoce que no hay nada mejor que hacer, después de un 2024 que fue el año sin elecciones con menor producción legislativa de la historia de la Constitución de 1978.

Sucintamente la citada Proposición tiene por objetivo:

  • Despenalizar las ofensas a los sentimientos religiosos.
  • Limitar la acción popular a niveles que en la práctica supondría la derogación de esta institución, y, en consecuencia, la imposibilidad de perseguir determinados delitos sino actúa de oficio el Ministerio Fiscal.
  • Amordazar a los Jueces con una nueva causa de recusación consistente en que hubieran manifestado públicamente o de forma privada un desacuerdo o acuerdo con partidos políticos o autoridades.

Por supuesto, tal como se está escribiendo en diferentes medios, esta Proposición atenta contra la Constitución Española de manera sangrante (si es que le queda), en la medida que nuestra Carta Magna reconoce:

  • En el artículo 16 el derecho a la libertad religiosa, que implica un bien jurídico a proteger en forma de castigar las ofensas al mismo.
  • En el artículo 125 el derecho de los ciudadanos al ejercicio de la acción popular, que admite, como todos los derecho regulación, pero no las restricciones que se le tratan de imponer para castrarlo.
  • En el artículo 20 El derecho a la libertad de expresión y opinión, que no se restringe a los Jueces, por lo que resulta caprichoso convertirlos en una especie de chamanes expulsados de la sociedad sin derecho a opinar sobre nada de lo que está pasando.

Pero, además de ello, considero que el citado texto es un auténtico despropósito por otras razones más profundas, como verán, que afectan al poder judicial, ejecutivo y legislativo.

La citada proposición es una auténtica afrenta insufrible al poder judicial en la propia intitulación, dando a entender que hay un acoso, en estos momentos, por supuesto consentido por Jueces y Magistrados que amparan acciones abusivas, violentando derechos fundamentales. Y el Gobierno se dispone a frenarlo en seco con el cañón del legislador en la medida que la entrada en vigor de la ley obligaría a archivar múltiples procedimientos en marcha, sólo perseguidos por la acción popular, ante una eventual pasividad del Ministerio Fiscal. Recuerdan: ¿de quién depende la fiscalía?

Además, la acción del gobierno ejercitada por la vía de la proposición de ley, esto es, presentando la iniciativa como un grupo parlamentario más, y no como tal gobierno en forma de proyecto de ley, en la práctica se traduce en un desprecio total y absoluto al poder ejecutivo que ellos mismos representan en el ejercicio de sus funciones de iniciativa legislativa, con todos los organismos y entidades que, en caso de revestir la forma apropiada de proyecto de ley, tendrían que intervenir preceptivamente; Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial, Asociaciones Profesionales interesadas, etc. De todo esto, se prescinde, como es evidente no para mejorar el acierto y legalidad de la nueva norma, sino, quizás, para todo lo contrario.

Finalmente es una burla a las funciones inherentes al propio poder legislativo, en la medida que, por la vía de esta ley, se pretende un beneficio personal, en forma de bloqueo a las acciones judiciales, que, en estos momentos, incomodan al Gobierno y al entorno familiar del Presidente.

Las leyes no deberían servir a estos fines tan viles, siempre se han definido como algo más serio. Así, el jurisconsulto romano Celso, afirmaba que las leyes son el arte de lo justo y equilibrado (ars boni et aequi). El mismo Santo Tomás las concebía como: “la ordenación de la razón dirigida al bien común y promulgada solemnemente por aquel que tiene el cuidado de la comunidad”.

En el Liber Iudiciorum promulgado entorno al año 654 D. C. por el Rey visigodo Recesvinto, que fue el primer texto legal de la historia de España con vocación de aplicarse a todos los “españoles” de entonces, fíjense qué reflexiones se contemplaban sobre las leyes futuras:

  • “En primer lugar, se debe exigir que aquello que se promulga sea considerado posible”, curioso qué claro tenían lo fácil que es hacer promesas vanas desde el poder. El clásico griego decía que aquellos que más prometen son los que menos tienen intención de cumplir.
  • “A la hora de deliberar, contará con las personas rectas y humildes; en la decisión, buscará el acuerdo de los ciudadanos y de los pueblos”. El acierto en la decisión nunca deriva de decisiones arbitrarias adoptadas en la barra de la taberna, sino de acciones reflexivas y contando con la participación de expertos y buscando equilibrios. Igualito que ahora.
  • “Ha de ser evidente que no actúa persuadido por ningún provecho familiar, sino por la utilidad del pueblo, de manera que se vea manifiestamente que el legislador establece el amparo de la ley no por un beneficio particular sino por la utilidad común de todos los ciudadanos”. No necesita mayor comentario.

Terminado el dulce repaso histórico, la cruda realidad del Gobierno actual la marca la putrefacta doctrina Koldo donde todo valdría sin límite alguno. Desde luego, imposible saber lo que pueden estar tramando en estos momentos para seguir depauperando nuestras instituciones. Nos tendrán enfrente denunciando tales tropelías, y lo que es más importante: evitar que se normalicen socialmente sus corrupciones jurídicas y morales en el edificio de la democracia de nuestra amada Nación Española

Alberto Serrano Patiño.

Ex Concejal del Ayuntamiento de Madrid

Funcionario de Carrera. Letrado.