La investigación del accidente de Adamuz por la “cándida” CIAF

Todavía desgarrados por el trágico accidente ferroviario de Adamuz, los que seguimos en pie, debemos en primer lugar manifestar nuestras más sentidas condolencias a familiares y allegados de las víctimas, pero también en evitación de siniestros similares, y para que su desgracia no resulte en vano, es de justicia investigar las causas que la han ocasionado, depurando, si fuera el caso, las pertinentes responsabilidades.

Pero mucho me temo, que los españoles seremos nuevamente enfrentados, y no lograremos ponernos de acuerdo en las causas técnicas del accidente, y menos aún en identificar jurídicamente al culpable. Otra vez por desgracia.

Tendremos un nuevo y desagradable debate pseudo político al igual que con el Covid, la DANA de Valencia, el apagón eléctrico, etc sin una explicación oficial con credibilidad sobre los interrogantes mencionados, y todo ello por la más que dudosa imparcialidad del órgano al que compete su investigación, esto es, la Comisión de investigación de accidentes ferroviarios (en adelante CIAF). Conocerán su historia en estas líneas.

La investigación de los accidentes ferroviarios tradicionalmente dependía de la Dirección General de Ferrocarriles, órgano administrativo formado por funcionarios “amigos” pero que, al menos, se trataba de profesionales del sector público. Este sistema que escandalizaba a Europa fue proscrito por la Directiva 2004/49/CE que impuso la creación de una supuesta comisión independiente, lo que finalmente se llevó a cabo por el Real Decreto 810/2007, con la creación de la CIAF.

Como sería el tema de sangrante, que en 2013 la Comisión Europea inició un procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de la citada Directiva, ya que consideraban incluso hasta las habitualmente pasivas instancias europeas que la CIAF tal como se había concebido, no era independiente del gobierno por una razón elemental: estaba formada por personal de Adif y Renfe, empresas gubernamentales con obviamente intereses en los accidentes. Al gobierno ZP esto le parecía normal

En julio de 2014 tuvo lugar el triste accidente de Angrois en Santiago de Compostela que volvió a poner en el foco la CIAF y el flagrante incumplimiento a la Directiva Comunitaria.

El Gobierno de Rajoy trató de adecuar de aquella manera a la normativa europea la composición y funcionamiento de la CIAF por la Ley 1/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes en el orden económico y social, que modificó la Ley 39/2003, del Sector Ferroviario. Esta ley fue objeto de desarrollo por el Real Decreto 623/2014, de 18 de julio, por el que se regula la investigación de los accidentes e incidentes ferroviarios y la composición de la CIAF (nuevamente)

Por supuesto, tal modificación se tradujo en un maquillaje consistente en proclamar solemnemente que la CIAF goza de plena independencia funcional respecto de la autoridad responsable de la seguridad y de cualquier regulador ferroviario, y a continuación establecer que la CIAF se compondrá por un Presidente y cinco vocales, nombrados directamente por el Ministro del ramo entre personas de reconocido prestigio y acreditada cualificación profesional en el sector ferroviario. Es decir, ya no resultaría preceptivo que sean funcionarios públicos, y en consecuencia, da entrada a amiguetes o a estómagos agradecidos.

No obstante, para hacer el habitual paripé patrio se dispone que, con carácter previo a su designación, el Ministro pondrá en conocimiento de las personas propuestas a la Comisión competente del Congreso de los Diputados, que en un plazo de un mes manifestará su aceptación a los candidatos o su veto razonado, teniendo en cuenta que si transcurrido dicho plazo sin manifestación expresa del Congreso, se entenderá aceptadas las propuestas. Al final una nueva designación digital.

Con estas cosméticas reformas en mayo de 2016 la Comisión Europea cerró la investigación contra España en lo que se refiere a la designación de los miembros de la CIAF, aunque todo seguía igual, esto es, son nombrados por el Gobierno por un plazo de seis años, y además, lo que demuestra lo endeble de su posición, pueden ser cesados por el propio gobierno por separación acordada por el Ministro y fundada en distintas causas como el grave incumplimiento de sus obligaciones. En definitiva, dependen total y absolutamente del gobierno.

Lloviendo sobre mojado, en enero de 2019 la Comisión Europea vuelve a iniciar un nuevo procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de la Directiva citada, en este caso porque se consideraba que los métodos de trabajo de la CIAF no se ajustaban a los parámetros de imparcialidad de la normativa comunitaria. No me consta que esta investigación se encuentre todavía cerrada.

Frente a ello nueva reacción teatrera del Gobierno ahora de Sánchez promoviendo la Ley 2/2024, de 1 de agosto, para la creación de la, Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (AAIITA) Nuevo chiringuito al que son tan favorables determinada clase política de este país. Para que se hagan una idea, sus miembros serán designados en la misma medida que la CIAF, si bien como peculiaridad no solo investigarán accidentes ferroviarios sino también marítimos y de aviación civil (totum revolutum).

Pese a llevar un año en vigor la ley 2/24 no ha entrado todavía en funcionamiento efectivo el nuevo Organismo y transitoriamente sigue en funcionamiento la CIAF. Total, es lo mismo.

En resumen:

Primero. – Después de más de 20 años de la Directiva de Seguridad Europea, los sucesivos Gobiernos de España no la han implementado, pese a que incluso la Comisión Europea ha iniciado distintos procedimientos de infracción contra España literalmente por tomarles el pelo. Muy típico del comportamiento español en la UE: se aceptan entusiastamente normas europeas que luego no se cumplen.

Segundo. – La supuesta independencia que se atribuye a los miembros de los organismos investigadores llámense CIAF o AAIITA es puro marketing. Serán quienes consideren oportuno el Ministro del ramo, de acuerdo con criterios profesionales modelo Cándido Conde Pumpido. Eso sí, para no intranquilizar a los burócratas europeos, con el previo paripé de pasar por la Comisión correspondiente del Congreso.

En definitiva, mucho me temo que será muy discutible la investigación administrativa del accidente y todo llegará muy trufado, en su caso, a instancias judiciales, y en última instancia el Tribunal Constitucional. El sistema previo a la Directiva Comunitaria, a través de funcionarios de la DG de Ferrocarriles, desde luego, era más honesto, barato y profesional para los españoles

Está claro que en la actual organización política que sufrimos en España., al margen de algunos órganos del poder judicial y de unidades de la UCO, no existe independencia alguna gubernamental. Mucho trabajo por delante a futuros Gobiernos que quieran cambiar el rumbo. Escribo estas líneas porque confío en ello, apelando a nuestros ancestros numantinos: inasequibles al desaliento.

 

Alberto Serrano Patiño. Ex Concejal del Ayuntamiento de Madrid, Funcionario de Carrera. Letrado. Docente de vocación