La pandemia que paralizó el mundo y nos encerró a todos en nuestras casas, tuvo consecuencias extremadamente graves para todas las economías mundiales. Aunque no todos los gobiernos las manejaron con igual presteza y resultados para sus países, no voy a comparar hoy a Alemania o Francia con España, lo cierto es que se materializó en la suspensión de prácticamente todas las actividades productivas del mundo.
De todos es sabido que la EU reaccionó ante esta debacle económica creando el conocido como Next Generation EU, en junio de 2020. Este plan se ha dotado con 800.000 millones de euros, que serán financiados con los nuevos impuestos que la EU nos impone a todos. Sería bueno que nos concienciáramos de que no es dinero gratis, que lo tenemos que devolver vía impuestos los mismos de siempre. Del NGEU, a España ya se han concedido 69.500 millones. Para que se hagan una idea, equivale a multiplicar por 10 lo que el Ministerio de Educación y Formación Profesional dedica a educación en los PGE de 2023 (6.408 millones).
Por aportar algún dato más antes de entrar en materia, la Comisión Europea ha aprobado una Adenda al Plan de Recuperación que incluye otros 94.000 millones. De estos, 84.000 millones son un préstamo puro y duro y 10.300 millones transferencias no rembolsables. Por seguir comparando magnitudes, esto equivale aproximadamente al gasto en sanidad de todas las comunidades autónomas de nuestro país juntas durante 2022 (97.767 millones).
Hasta aquí todo está muy bien, un barco de dinero para reactivar la economía, aunque después haya que devolverlo. Pero donde están tantos miles de millones no se sabe exactamente, y eso, ya de entrada, no suena bien.
Según declara FEDEA, la institución de mayor prestigio nacional e internacional en el análisis de la economía y políticas públicas de nuestro país, “En los datos homogeneizados de ejecución y liquidación presupuestaria de las CCAA que el Ministerio de Hacienda ofrece en su web no hay ninguna información sobre el Plan de Recuperación”. Pero, es más, “La situación parece ser incluso peor en el caso de las entidades públicas que gestionan buena parte del Plan de Recuperación, como el IDAE y Red.es. Ambas entidades publican únicamente (con frecuencia anual y un desfase de en torno a dos años) cuentas muy agregadas que no permiten extraer conclusiones sobre el avance de los distintos proyectos y programas del PR de los que son responsables.”
El gobierno nos dice que se han realizado actuaciones por valor de 59.000 millones de euros desde que se inició el Plan de Recuperación, lo que supondría, de ser cierto, que se habría adjudicado el 85% del presupuesto. Ahora bien, la adjudicación solo significa eso, que se ha adjudicado a una actuación.
No que se hayan, ni siquiera, iniciado las convocatorias o las licitaciones públicas. Además, resulta que 37.000 millones los administra y adjudica directamente el Sector Público Central y 21.000 millones son transferencias a las CCAA. El Sector Público Central incluye lógicamente a las mencionadas por el informe de FEDEA, IDAE y Red.es. que se llevan gran parte de la tajada, y no es posible comprobar que han hecho con los fondos.
Según los datos que publica la mencionada FEDEA, en la página 19 de su informe de octubre del presente, el gasto definitivamente ejecutado entre todas las administraciones en 2021 ascendió a 6.545 millones, en 2022 fueron 6.800 millones y en el primer semestre de 2023 algo menos de 3.000 millones. Si las cuentas no fallan, solo conocemos el destino final de unos 10.000 millones de los 69.500 millones concedidos.
Resulta enormemente sospechoso, más aún gobernando quienes nos gobiernan, que no tengamos datos exhaustivos de a qué se ha destinado cada euro, en que cuenta está o quién se está haciendo con él. Estamos hablando de la administración pública, donde cada pago, cada factura, cada préstamo, licitación o subvención tiene que ir autorizado e informado previamente por un interventor de esta. ¿No será que el problema es que se sabe perfectamente donde están tantos miles de millones, pero no se puede contar? ¿Si todo está en orden, por qué no se publica? Gestionar los ingentes proyectos que implican tales magnitudes económicas no es fácil, pero publicarlos en la web del ministerio tan solo requiere actualizarlo con un editor de textos.
No sé hasta que punto somos conscientes en este país, de que estamos poniendo 163.000 millones de euros, en manos, espero que no zarpas, de un gobierno formado por socialistas y comunistas. Que por mucho que se auto denominen progresistas, eso es solo márquetin, son herederos de su casta y lo llevan a gala. Solo tenemos que ver los telediarios para confirmarlo.
La economía española no puede permitirse el despropósito de endeudarse en tan ingentes sumas de dinero y no saber a qué se dedica este. A nivel reputacional, esto, que es conocido por todos los países de la EU, ya nos está infringiendo un daño irreparable. No hablemos de los inversores, ni de los proyectos que buscan fronteras con cierta seguridad jurídica para instalarse.
La EU, a través de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo que nos visitó en febrero, le ha exigido a la administración Sanchista transparencia en la gestión de los FRR. La misión, formada por 10 eurodiputados, le advirtió al gobierno de los “retrasos y falta de transparencia” en los sistemas de control de los fondos, tras los trabajos de análisis realizados durante su visita. Al mismo tiempo, la mencionada comisión interpeló al gobierno sobre la reforma del Código Penal, en lo relativo al delito de malversación, exigiendo que la legislación cumpliera con el código de “cero tolerancia” con la corrupción. Sin duda, este ejecutivo está en el punto de mira de Unión Europea.
Aunque el 23 de octubre se publicó en el BOE, la ratificación por parte de nuestro país del Convenio de Tromsø del Consejo de Europa, que obliga a los gobiernos a dar acceso a todos los ciudadanos a datos y documentos públicos, es evidente que el único camino hacia la transparencia para este gobierno vendrá dado por las exigencias o imposiciones de la UE.
Raúl Morales del Piñal de Castilla
