Es otra historia que viene de largo, pero por no irnos muy atrás podríamos tan sólo remontarnos al 2018. En el verano de ese año Marruecos, unilateralmente, decidió cerrar la aduana comercial existente desde el siglo XIX (Tratado de Fez de 1866; ratificado en 1956 tras la independencia marroquí) entre Marruecos y Melilla. Eso suponía la clausura de la única aduana comercial y terrestre existente hasta ese momento entre España y Marruecos, y es que Ceuta siquiera contaba con una. Hasta ese momento Marruecos estaba interesado en mantener esa aduana, por la que transitaban mercancías con un valor de entre 45 y 50 millones de euros anuales, porque le servía para exportar, a través del puerto de Melilla, los minerales del Rif. Pero eso cambió, y Marruecos tomó tan importante decisión sin siquiera avisar a las autoridades españolas. No les hacía falta, sabían que España, como acostumbra, no iba a hacer nada. Y así fue, apenas una tímida protesta pasado un mes del cierre.

Marruecos alegaba que por tal aduana, como también pasa en la frontera con Ceuta, cruza un volumen muy elevado de mercancías que denomina contrabando, pero que desde Ceuta y Melilla se denomina como «comercio atípico». Este contrabando o comercio atípico produciría, al parecer, unos 450 millones de euros anuales en Melilla, estipulándose en un total de 700 millones en el caso de Ceuta. Tal es así que Enrique Alcoba, presidente de la Plataforma de Empresarios de Melilla, en aquellos momentos declaró que suponía el principal motor económico de la ciudad autónoma. Desde Ceuta sin embargo Jose Luis Aróstegui, secretario general de CC.OO. de la ciudad, afirmaba que sólo suponía el 15% del PIB ceutí. Este comercio además de los impuestos que suponían para estas ciudades, que el Estado compensaba si no llegaban al mínimo estipulado, generaba unos 1.600 puestos de trabajo directos en ambas ciudades. Para Marruecos este contrabando también era importante, puesto que generaba unos 20.000 puestos de trabajo directos (porteadoras) y muchos miles de puestos indirectos más. También le ahorraba divisas al realizarse gran parte de las transacciones en dírhams, o le permitía blanquear dinero procedente de la droga –unos 10.757 millones de euros anuales estimaba Naciones Unidas–. El contrabando o comercio atípico también permitía tener contentos a los policías y funcionarios de aduanas marroquíes por los sobornos, que llegaban a ascender a 90 millones de euros al año. Por último, esta actividad comercial atraía a la población de Nador a marroquíes de otras localidades, lo que ayudaba a hacer esta región algo menos levantisca y rebelde, como suele pasar en la zona del Rif. Pero a pesar de todos estos beneficios el Gobierno marroquí tomó la decisión de cerrar la frontera al contrabando pues suponía una pérdida, según sus cálculos, de entre 360 y 540 millones de euros anuales en impuestos arancelarios. Además, al introducir mercancía barata impedía que la zona se desarrollara productivamente, contrariando los actuales intereses marroquíes en la zona.

Nadie niega a Marruecos su derecho soberano a cortar un comercio ilegal que perjudique sus intereses nacionales, por supuesto, pero decisiones tan importantes como esta, entre países que se supone que no están en conflicto, como mínimo deberían ser informadas previamente. Pero si Marruecos no lo hace es porque el proceso de asfixia económica que ejerce crecientemente sobre Ceuta y Melilla, y que se ejemplifica en cosas coma la que comentamos, también sirve a nuestro vecino del sur en una dirección, a saber: hacer de estas ciudades tal carga económica para España que esta acabe cediendo las ciudades a Marruecos, a pesar de que su población no quiera –por el momento; cuando la población musulmana que no se reconoce española, hay otra que sí, sea la mayoritaria ya veremos si es así– y a pesar de que estos territorios españoles ya lo eran antes de que el propio Marruecos fuera siquiera un sueño perdido en la historia.

Es por eso que a principios del año 2020, cuatro meses después de cortar también el contrabando sin avisar, Marruecos siguió en Ceuta su belicosa política con medidas como la prohibición de exportar el pescado marroquí a esa ciudad. De un día para otro la policía de aduana marroquí paró a unos comerciantes españoles que regresaban a Ceuta con pescado comprado en el mercado de Ricón –a 25 kilómetros de Ceuta–. El pescado les fue requisado y tirado alegando que se trataba de mercancía prohibida. Cosa que los comerciantes españoles no podían saber porque, de nuevo, Marruecos había tomado la decisión unilateralmente y sin informar a las autoridades españolas. Este pescado, que suponía el 90% del consumido en Ceuta y más barato que el procedente del lado español, era muy importante para los mercados, comercios, bares y restaurantes de la ciudad española que vivían de él. A su vez, antes de la catástrofe pandémica, Marruecos prohibió a sus funcionarios pisar las ciudades españolas y desde el 4 de febrero comenzaron a realizar periódicamente el sellado de pasaportes en la frontera, lo que suponía interminables horas de espera en la misma para cruzar –recordemos que las fronteras de Ceuta y Melilla son las más transitadas de todo África, en torno a 5 y 6 millones de personas anuales en cada ciudad; circunstancia que ya antes de todo esto aprovechaba Marruecos para convertir el tránsito en un caos continuo–. Esto, obviamente, perjudicaba mucho el turismo.

Este tipo de acciones (a las que podemos añadir, por ejemplo, que a inicios del 2019 el Parlamento marroquí aprobara sin respuesta española dos leyes marítimas que, directamente, no reconocían aguas territoriales a las ciudades españolas), tuvieron su colofón con el cierre fronterizo entre ambos países y la consecuente disminución drástica de personas y mercancías provocado por la pandemia del Sars-Cov-2. De modo que a pesar de una subida del consumo interno que ese cierre fronterizo ha propiciado, haciendo de la necesidad virtud, ambas ciudades españolas están ahogadas económicamente, como sabe bien el Gobierno español, que cuenta con múltiples informes al respecto, como los proporcionados por la embajada española en Rabat y por las propias autoridades de las ciudades. Pero no parece querer enterarse, y mucho menos hacer algo al respecto. Estamos hablando de unos 170.000 habitantes entre ambas ciudades que están sobreviviendo como mejor pueden, con un gasto muy grande para el Estado –es donde mayor gasto per cápita se da en toda España–, con un Gobierno que les da la espalda y con otro, al otro lado de la frontera, que les hostiga sin tregua. Un hostigamiento ante el que España no ha ejercido ninguna oposición –el mayor logro fue que en 2007 los reyes visitaran las ciudades–, ni ha aportado alguna solución. Desde las ciudades algunas autoridades políticas y empresariales han intentado improvisar salvavidas, como la propuesta de la Confederación de Empresarios de Melilla de realizar una línea marítima entre la ciudad y el puerto argelino de Ghazaouet, con el fin de exportar mercancías y atraer turismo. Pero es difícil que los argelinos puedan obtener con facilidad visados Schengen que les permita visitar la ciudad, una dificultad que el Gobierno no quiere disminuir por temor a que no vuelvan a su país. También a causa de los visados se rechazó en febrero la propuesta de Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, que pretendía que para los marroquíes sí fuera necesario dicho visado. A pesar de que permitiría algo de control fronterizo esto haría que los 550.000 marroquíes que cruzan anualmente de Tetuán a Ceuta dejaran de hacerlo, perdiendo un turismo muy importante. Un turismo que, de todas formas, como hemos mencionado, Marruecos también está interesado en dificultar cada vez más.

A esta asfixia económica se contrapone el crecimiento económico del norte de Marruecos. Un crecimiento que se ha hecho bloqueando ambas ciudades españolas y que, en contrapartida, el Gobierno español –el actual y anteriores– no ha aprovechado intentando integrar la economía ceutí y melillense con la marroquí. Y es que se podría haber intentado, al menos intentado, abrir una aduana comercial entre Ceuta y Marruecos, buscando acuerdos que beneficiasen a ambas partes. Pero no se hizo, y la única que existía en Melilla, como ya hemos dicho, también ha dejado de existir –desde el verano de 2019 Marruecos siquiera admite que las empresas melillenses puedan exportar mercancías a Marruecos a través de Málaga o Almería–. Esa integración económica en la región, como decimos, podría ser muy beneficiosa para las ciudades españolas, pero a Marruecos no le interesa –además, ya le va bien tal y como está–, y al Gobierno español parece que tampoco. Un Gobierno que, por supuesto, tampoco ha buscado por el momento una mayor conexión económica entre las ciudades autónomas y el resto de territorios españoles que hiciera que esa beneficiosa integración económica no se tradujera en una dependencia económica, lo cual tampoco sería beneficioso para Ceuta y Melilla. No sería de recibo que los vínculos económicos de Ceuta y Melilla fueran más fuertes con Marruecos que con el resto de España.

Otra cosa que podría ayudar sería incluir a Ceuta y Melilla en el espacio Schengen, lo que cortaría la posibilidad a Marruecos de realizar esas acciones dañinas y unilaterales sin siquiera avisar. Porque ya no se las estaría viendo con una débil y muda España, sino con la Unión Europea, teniendo que establecer fronteras y aduanas en condiciones y produciéndose así un tráfico mercantil y humano bastante más regulado. Pero como sucede con algunas de las medidas propuestas por ceutíes y melillenses, el Gobierno español no se ha interesado demasiado –esto ya fue propuesto hace años por Juan Jesús Vivas–. Al parecer no se quiere perturbar a la monarquía vecina. Porque que el Gobierno español haga lo que debe, esto es, velar por los intereses de los españoles y defender sus territorios y sus medios de vida no gusta a Marruecos. Evidentemente. Nos encontramos así en una situación en la que España está vendida a los intereses de un país vecino.

Este puede ser un ejemplo más de cómo España no es soberana de su territorio como debería, de cómo España es incapaz de garantizar la libertad y bienestar de cientos de miles de sus ciudadanos. Porque si el Gobierno español, nos preguntamos, ha sido capaz (imprudentemente) de olvidarse para siempre de sus derechos históricos sobre el Peñón de Gibraltar con el principio de acuerdo firmado con Reino Unido, un olvido a cambio de que los miles de españoles que trabajan en Gibraltar lo sigan pudiendo hacer, ¿cómo es que no es capaz de velar también por el trabajo y el mantenimiento de miles de familias en Ceuta y Melilla? ¿Es que unos trabajadores importan más que otros? ¿Hay algo que no sabemos que impida a España hacer la más mínima cosa que moleste a los marroquíes? ¿Por qué Marruecos puede emprender acciones que perjudiquen y amenacen a España y al contrario ni se contemple una defensa? ¿Por qué el Gobierno español –y no referimos tanto al actual como a anteriores– no responde ante las acciones poco amistosas del país vecino? ¿Por qué no se dota de la capacidad militar que impida este tipo de humillaciones y amenazas? ¿Por qué no controla como un país soberano sus fronteras? ¿Por qué el Gobierno español tampoco busca llegar a acuerdos y tratados que resulten beneficiosos para ambos países, sobre todo en una situación económica tan penosa como la que vivimos, y acaben con las hostilidades marroquíes? ¿Es que España, en un paso más en la renuncia a sí misma, ha renunciado ya a Ceuta y Melilla y simplemente las está dejando a su suerte, es que las ha dado por perdidas?

Emmanuel Martínez Alcocer