Boicoteando a la Nación desde las instituciones
No son pocos los políticos que de forma prepotente creen que un acta de diputado es una especie de patente de corso para desobedecer las leyes y para comportarse de forma inadecuada, tanto en sus comparecencias ante la prensa y ante el público, como –lo que es aún peor- en el propio parlamento de la Nación.
Y algunos aún se creen que el insulto y la injuria, no son otra cosa que “libertad de expresión” y que dentro de esa mal entendida libertad de expresión, caben holgadamente tanto la quema de retratos del Rey, el acoso a los demás diputados con manifestaciones no autorizadas, la exhibición de banderas inconstitucionales republicanas, ya en la calle, ya en el Pleno del Congreso, y también negar el saludo al Jefe del Estado. Esta última actitud, aunque en realidad no sea delito, sí que es una falta de educación y de buen gusto que dice muy poco en favor de quienes ostentan la representación de los españoles, como también lo es vestirse de forma inadecuada o llevar camisetas con un letrerito que dice: “yo no voté a ningún rey”.
También consideran libertad de expresión decir a voz en grito, haciendo gala de soberbia e irresponsabilidad, que se está dispuesto a desobedecer una sentencia judicial, sea cual sea el Tribunal que la emita, si choca contra sus conveniencias, ideologías u objetivos políticos, aunque estos sean ilegales, como, por ejemplo, incitar a los ciudadanos a la sedición, rebelión y secesión, tratando de romper en pedazos a la Nación española a la que representan y cuyas gentes les pagan y les soportan.
La principal obligación de todo ciudadano, ya sea ministro, diputado o particular sin oficio ni beneficio, es obedecer la ley y además de respetarla, considerar que los fallos de los tribunales son una parte trascendente de los poderes del Estado, y que si con alguna ley no se está de acuerdo, existen procedimientos constitucionales, pacíficos, legales y civilizados que permiten cambiarla, siempre mediante el diálogo, las iniciativas legislativas populares, las diversas fórmulas parlamentarias con argumentaciones y debates, o los proyectos de ley, pues el poder legislativo está para eso, el judicial para valorar las conductas y el ejecutivo para hacer cumplir las leyes en vigor y, desde luego, también las sentencias firmes de los tribunales. Y estas y no otras, son las esencias de la democracia.
Pero cuando el Poder Ejecutivo trata de poner orden en ciertas conductas desviadas, surgen entonces voces destempladas que le acusan de “judicializar la política” cuando, en realidad, muchas veces y cuando se trata de “flagrante delito”, como la ocupación de fincas en Andalucía o el asalto a las instalaciones de un supermercado, ni siquiera un diputado tiene derecho a invocar su condición de tal, ni a que se respete su inmunidad parlamentaria, pues las conductas delictivas de ese tipo hacen que pueda ser detenido y arrestado sin contemplaciones.
Sin embargo el Gobierno del Partido Popular ha sido tolerante, quizá en exceso, con desobediencias, provocaciones, delitos, amenazas y otros desmanes, tratando de atemperar por las vías legales y no represivas, con una paciencia benedictina, conductas que en virtud de lo dispuesto en las leyes merecerían el uso de la “violencia legítima”, derecho reconocido en todas las constituciones democráticas del mundo a los gobiernos, cuya primera y principal misión es preservar el orden público y la convivencia pacífica de todos los ciudadanos.
Desde DENAES, creemos que la defensa de nuestra patria se está ejerciendo dentro de una estricta legalidad, tan sumamente escrupulosa, que lo hace mirando incluso por los supuestos derechos de quienes desprecian la legalidad constituida.
La izquierda radical, separatista e ignorante, piensa de otro modo. Para los que se reclaman de “progresistas” la derecha es retrógrada, intransigente y montaraz. Sin embargo los hechos son tercos y como dice el ilustre historiador e hispanista francés Pierre Vilar: “Como es tradicional, los gobiernos de izquierda en España, siempre han representado un retroceso en la política y en los logros del país”.
Fundación para la Defensa de la Nación Española
