Estimados amigos:

Este mes de Abril, sin duda la cuestión de más actualidad es la problemática, en manos de juristas y políticos, sobre si Bildu, considerada por muchos como el «Plan B» de ETA para presentarse a las inminentes elecciones municipales del 22 de Mayo, debe ser ilegalizada o no. Tras la ilegalización de Sortu por sus estrechos y perfectamente demostrables vínculos con ETA —incluso sus miembros llegaron a manifestar públicamente que sólo su legalización como partido político permitiría el fin de la banda terrorista—, la presencia de un nuevo partido político con similares vinculaciones al entorno etarra no debe provocar dudas a quienes están encargados de hacer valer la legalidad en un asunto tan delicado.

De hecho, no debemos olvidar que Bildu es un instrumento de ETA formado por 2 partidos minoritarios y muy débiles: EA y la enésima escisión de IU en el País Vasco, partido político que en su día formó parte del gobierno vasco a cuya cabeza se encontraba Juan José Ibarreche, el mismo que manifestaba constantemente su complicidad con ETA y que formuló el plan para la segregación de España del País Vasco, conocido como Plan Ibarreche.

En este sentido, la Ley de Partidos manifiesta en su Artículo 12.1.b, «Efectos de la disolución judicial», que «Los actos ejecutados en fraude de ley o con abuso de personalidad jurídica no impedirán la debida aplicación de ésta. Se presumirá fraudulenta y no procederá la creación de un nuevo partido político o la utilización de otro ya inscrito en el Registro que continúe o suceda la actividad de un partido declarado ilegal y disuelto». Más clara no puede ser la ley al respecto, y clara debe ser en consecuencia su aplicación a lo que no es más que una continuación de los fines de Sortu bajo otras siglas.

Sin embargo, el gobierno socialista de España parece seguir en la misma postura que poco antes de las pasadas elecciones municipales de 2007, en el contexto del diálogo con el terrorismo separatista de ETA. Entonces intentó blanquear la presencia de organizaciones políticas que apoyaban a ETA bajo la excusa de evitar un «Guantánamo electoral» (palabras textuales del Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido); hoy día parece que continúa con el mismo intento, bajo la excusa de que Bildu no es propiamente un partido político y no se puede dejar a sus votantes «huérfanos de voto». Consideraciones extemporáneas que no buscan sino una coartada para burlar la ley.

Ante esta situación, cabe plantearse las siguientes cuestiones:

¿Cómo garantizar que en las próximas elecciones municipales ETA no pueda disponer de representación en ningún ayuntamiento?

¿Qué medios pueden evitar que el gobierno de la Nación sea cómplice del terrorismo?

Ciudades donde se va a celebrar este Observatorio: Jaén, Gran Canaria, Santander, Oviedo, Madrid, La Línea de la Concepción (Cádiz), Majadahonda (Madrid), Collado Villalba (Madrid) y Sevilla.