Los profesores de secundaria reciben un formulario para que digan en qué lengua escogen relacionarse con la administración


Los profesores de secundaria reciben un formulario para que digan en qué lengua escogen relacionarse con la administración

El «Programa para la euskaldunización de la administración educativa (H.A.E.)», de la Consejería de Educación del Gobierno Vasco, ha enviado una carta a los profesores de la red pública, acompañada de un formulario, para que elijan en qué idioma –euskera, castellano o ambos- quieren relacionarse con la administración en sus comunicaciones orales y escritas.

La carta que justifica la petición afirma lo siguiente:

«La sociedad vasca está avanzando hacia la normalización del uso del euskera. Si en algún ámbito se han dado pasos en este sentido, ha sido en el de la enseñanza. Para poder responder de una manera más equilibrada a los esfuerzos que se vienen realizando en los centros educativos, es necesario extender la normalización del uso en la propia administración.

Para ello, y de conformidad con el marco legal, se propone como objetivo por parte de la Administración educativa el respecto a la opción lingüística de cada persona. (sic).

Con este fin, te hacemos llegar este cuestionario al objeto de que puedas realizar tu opción lingüística y esa opción pueda ser tomada en consideración.»

Tras una serie de consideraciones variopintas adicionales, la carta concluye:

«Consideramos importante que cada cual exponga libremente su opción, para poder avanzar en la normalización lingüística. Por eso, rogamos que cada profesor/a cumplimente su encuesta y que, una vez rellenada, sea el director del centro el que se encargue de enviarla (…) a los técnicos de normalización de la correspondiente Delegación».

El impreso está personalizado con el nombre, apellidos y DNI del profesor, de manera que su «opción lingüística» quedará registrada por los «técnicos de normalización» y será conocida por la dirección de su centro de enseñanza.

Hasta hoy, los distintos cuerpos de la administración vasca habían respetado la norma de difundir todos sus escritos oficiales y comunicaciones internas en euskera y castellano –el «bilingüe» de la jerga burocrática-, pero el proyecto de «normalización» de la Consejería de Educación, en manos de EA y fuente de numerosos conflictos con la red de enseñanza pública y con la Universidad del País Vasco, parece dirigirse hacia la implantación de una segregación lingüística en el que los profesores deban no tanto elegir una lengua u otra para dirigirse a la administración -algo que de hecho se hace normalmente ya que la mayor parte de los funcionarios son bilingües-, como identificarse claramente partidario o contrario al concepto nacionalista de normalización, es decir, imposición paulatina del euskera mediante presión política y desalojo administrativo del castellano de la enseñanza y la administración.

En definitiva, lo que se persigue bajo la excusa de una mejora de la comunicación es forzar el alineamiento del profesorado con los objetivos educativos del nacionalismo, algo que se hace evidente cuando se considera que la mayor parte de los actuales docentes han debido demostrar a lo largo de estos años su competencia en el uso del euskera mediante la obtención de los llamados «perfiles lingüísticos» (PL 1 y 2), necesarios para continuar en la docencia activa, ya que la mayoría de los centros públicos vascos siguen los modelo B o D, con la mitad o la práctica totalidad de la docencia en euskera, y debido a que hace muchos años que no salen a concurso plazas de docencia en castellano, incluso cuando se trata de enseñar latín o a tocar el clarinete.

La nueva petición administrativa, totalmente gratuita desde el punto de vista de la comunicación verdaderamente normal –la socialmente existente-, es otro paso para seleccionar y promover a los adictos «normalizados» y relegar a los renuentes, expulsando del trabajo público al 75% de la población vasca que no demuestre un dominio suficiente del euskera. Aunque, eso sí, esta carencia hereditaria no pueda descontarse de la declaración de hacienda, cuya recaudación va concentrándose paulatinamente en los bolsillos «normalizados», únicos beneficiarios del empleo público y de las subvenciones.