Estimados amigos:

La actualidad de nuestra Nación nos sigue dejando como noticias las habituales persecuciones por motivos lingüísticos en Cataluña. Últimamente se ha sabido que existen verdaderos grupos organizados que funcionan a sueldo de la Generalidad para delatar a quienes no rotulan en catalán, caso de Catalunya Acció y su principal dirigente, Santiago Espot, promotores de la pitada al Himno Español durante la pasada Final de la Copa del Rey. Situación ante la que varios miembros del gobierno socialista de España han mostrado incluso comprensión para los delatores, pese a la clara marginación de la lengua de toda la Nación, la lengua española, que se realiza en Cataluña y que el gobierno de España no puede en absoluto tolerar.

No obstante, también hemos recibido algunas noticias esperanzadoras que demuestran que no todo es pasividad ante la imposición nacionalista. Destacable por lo positivo de la noticia es la huelga que tuvo lugar el primer día de este mes por parte de los dueños de salas de cine en Cataluña, en contra de la obligación de exhibir los estrenos en lengua catalana. Demuestra que la rebelión cívica contra el despotismo nacionalista, ya iniciada por empresarios y particulares de manera individual y ahora recogida como reivindicación corporativa, es muy válida a día de hoy y una forma de resistencia que añadir a la negativa a pagar el impuesto revolucionario de las multas lingüísticas.

Pero la noticia más destacada de los últimos días ha sido sin duda la relativa al pacto de Estado entre los dos grandes partidos nacionales para sacar a España de la crisis económica, propuesto por Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I, justo en los días previos al debate que sobre la situación económica tuvo lugar en el Congreso de los Diputados. Desde la Fundación DENAES siempre hemos mantenido como uno de nuestros principios fundamentales la concordia entre los dos grandes partidos, PSOE y PP, para el bien de la Nación.

Sin embargo, un pacto de estado entre los dos grandes partidos nacionales sólo podría realizarse bajo premisas que, en primer lugar, reconozcan que la actual crisis económica desborda las posibilidades de actuación del gobierno, lo que hace necesario un acuerdo con el otro gran partido nacional y la formación de un gobierno alternativo. En segundo lugar, semejante pacto habría de implicar la inmediata derogación del Pacto del Tinell firmado por el Tripartito que actualmente gobierna en Cataluña y que incluye a un partido asociado al PSOE, el PSC. Acuerdo que en sus «Criterios de actuación política general» indica que no puede haber «Ningún acuerdo de gobernabilidad con el PP, ni en la Generalitat ni en el Estado». En consecuencia, estas dos premisas son ineludibles para la base de un acuerdo, que después habría de ampliarse sobre la reforma del modelo de Estado autonómico y, en suma, sobre la actual Constitución.

Un pacto de estado que, en consecuencia con lo enunciado, nunca podría incluir a los partidos nacionalistas, pues precisamente ellos, pese a que formalmente sean partidos legales como los partidos nacionales, postulan en sus programas objetivos la corrupción de la soberanía española con la secesión de partes de España, precisamente lo contrario de lo que se busca con el citado pacto:

«Lo que todo español debe saber es que estas ficciones jurídicas llamadas partidos nacionalistas no son meramente adversarios políticos en el Parlamento, en función de proyectos distintos, particulares o generales (como pueden ser los proyectos del PSOE respecto de los proyectos del PP), sino que son grupos facciosos que pretenden robar a los españoles partes irrenunciables del territorio que conforma el Estado, puesto que el «territorio apropiado» por el Estado es un componente fundamental de ese Estado, y por tanto es propiedad de todos los ciudadanos que pertenecen a él. Está fuera de lugar alegar el fundamento que suelen dar estos grupos facciosos para su secesionismo, a saber, la voluntad de autodeterminación de esa facción, a costa de los derechos de los demás. Todo español debe saber que esa voluntad de autodeterminación tiene como objetivo exactamente el robo a todos los españoles de algo que les pertenece, porque el territorio sobre el que se funda el Estado incluye no sólo la tierra, sino la transformación agrícola, industrial e histórica que durante siglos han ido realizando todos los españoles. Ante un acto de latrocinio está fuera de lugar cualquier discusión en el terreno constitucional, y sólo cabe la resistencia, aunque sea violenta tal como por otro lado reconoce la Constitución, antes que dejarnos arrebatar lo que es nuestro». (Santiago Abascal y Gustavo Bueno, En defensa de España. Razones para el patriotismo español, páginas 166-167)

Partiendo de estos hechos, cabe plantearse las siguientes cuestiones:

¿Es preferible la resistencia cívica corporativa ante la imposición lingüística en Cataluña, o puede compatibilizarse con otras formas de resistencia a título personal?

¿Sería posible encontrar algún medio o momento que permita a los dos partidos nacionales un pacto de Estado, por encima de intereses coyunturales y partidistas?

Ciudades donde se va a celebrar este Observatorio: Santander, La Coruña, Oviedo, Madrid, Valencia, Zaragoza, La Línea de la Concepción (Cádiz), Alcalá de Henares (Madrid), Majadahonda (Madrid), Collado Villalba (Madrid) y Sevilla.