Si el Gobierno se empecina en seguir adelante con una tarea para la que no está legitimado, el Estado tendrá que actuar para devolver las cosas al cauce de la sensatez.


juan-carlos-i-rey-de-espana.jpgEl Gobierno vigente es, sin duda, legítimo, pero los aspectos antinacionales de su política no lo son: primero, porque en sí mismos constituyen una desviación del recto sentido de la tarea de gobierno, y además, porque ni el desmantelamiento del Sistema de 1978 ni la negociación con ETA fueron sometidas al voto de los españoles dentro del programa electoral de PSOE. Los españoles no prestaron su voto a la cascada de estatutos desintegradores ni a la negociación política con ETA. En semejante tesitura, y si el Gobierno se empecina en seguir adelante con una tarea para la que no está legitimado, el Estado tendrá que actuar para devolver las cosas al cauce de la sensatez. El Estado posee instituciones tan legítimas como el Gobierno a la hora de defender la legalidad. El Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo o el Consejo de Estado tienen que hablar; tampoco la Corona es ajena a esta exigencia. Son las armas de la nación dentro de la ley. Hacia ellas miran ahora todos los españoles preocupados por la corrosión de la unidad nacional.