Es hora de que todas las instituciones relevantes de la nación hagan ver al Gobierno lo que los españoles están viendo.
Tras el referéndum de Cataluña, dos evaluaciones han ocupado la mayor parte de los comentarios críticos. Primera: la sociedad catalana ha dado la espalda a su clase política, como demuestra la bajísima cifra de participación. Segunda: el Estatuto nace sin legitimidad suficiente, dado el escaso respaldo –un tercio del electorado- que ha obtenido en las urnas. Como oportunamente se ha recordado, fue el propio Zapatero quien, en el debate del Plan Ibarretxe, invalidó el umbral del 51% para acometer reformas estatutarias de calado. Y si eso podía aplicarse a un supuesto 51% en el País Vasco, ¿cómo no habrá de servir el mismo criterio para un porcentaje muy inferior, como el de Cataluña?
Nadie duda que el propósito del Gobierno, en su perpetua huida hacia delante, será aprobar el Estatuto de Cataluña “como sea”, lo cual despertará el consiguiente efecto dominó en las demás comunidades. Pero eso, que es lo que interesa al Gobierno, no es lo que interesa a España. Es hora de que todas las instituciones relevantes de la nación hagan ver al Gobierno lo que los españoles están viendo: que debe detener el proceso.
