La credibilidad del Gobierno se ha agotado. Es el pueblo soberano quien exige la verdad.
Una vez más, cientos de miles de ciudadanos se han echado a la calle para respaldar a las víctimas del terrorismo, para condenar la sangrienta trayectoria de ETA y para exigir al Gobierno que no se pague un precio político por la paz. No ha sido la voz de un partido; ha sido la voz del pueblo. O para ser más exactos: la voz del sector –ancho, anchísimo- más responsable y consciente de la sociedad española, que se niega a aceptar la rendición y la indignidad.
El Gobierno no puede seguir pidiendo a los españoles actos de fe: nos dijeron que no había contactos con ETA-Batasuna, y los estaba habiendo; nos dijeron que la Justicia no bajaría la guardia, y la ha bajado; nos dijeron que no habría concesiones políticas, y las ha empezado a haber. También nos dijeron que en el 11-M “todo estaba claro” y, dos años después, hay más incógnitas que certidumbres. Ahora pueden decir que no hay terrorismo o cualquier otra ocurrencia, pero la credibilidad del Gobierno se ha agotado. Es el pueblo soberano quien exige la verdad.
