Estimados amigos:
Este mes de marzo se inició con la importante convocatoria de las elecciones gallegas y vascas, cuyos resultados habrían de marcar, tanto para bien como para mal, la marcha de la política de la Nación Española. En este caso, los resultados pueden ser calificados de esperanzadores: la victoria del Partido Popular en Galicia supuso la expulsión del gobierno gallego de la coalición «socionacionalista» PSOE-BNG, que había desposeído del gobierno al PP en un oscuro pacto postelectoral cuatro años atrás. Por otro lado, el PNV ganaba las elecciones en el País Vasco con mayoría simple, pero por primera vez en la Historia de nuestra democracia, el avance del PSE permite la formación de un pacto con el otro gran partido nacional, el PP, que desalojaría a los nacionalistas del gobierno vasco. Si así sucede, sin duda el acuerdo tendrá consecuencias en la política nacional: podría ser el comienzo para romper el chantaje nacionalista que partidos como el PNV ejercen en el Congreso, y en consecuencia un cambio de política del gobierno del PSOE más favorable a la Nación Española. Con todo, deshacer las políticas autonómicas llevadas a cabo por el nacionalismo en esas regiones de España no será fácil, pero al menos estos resultados abren una puerta a la esperanza.
Esta situación, sin embargo, no compensa las noticias negativas que llegan desde otras regiones de España, como Cataluña, respecto a la política lingüística: el Presidente de la Generalidad, José Montilla, ha manifestado que no acatará la sentencia del Tribunal Constitucional que ordena frenar la inmersión lingüística en catalán. Instituciones como el Transporte Metropolitano de Barcelona se niegan siquiera a hacer publicidad del bilingüismo que defiende la Asociación por la Tolerancia, en una campaña en la que la propia asociación paga la mitad de los costes. La excusa aportada por los transportes de Barcelona es que no desean crear polémica, pasividad que tolera la exclusión que los nacionalistas realizan en Cataluña con el idioma español.
Otro de los temás más escabrosos que periódicamente escuchamos en los medios es la presunta «deuda histórica» que España debe a las comunidades autónomas, que durante este mes ha correspondido saldar con Andalucía. Desde el ridículo supuesto de la «deuda histórica», se considera que las autonomías serían en realidad unidades independientes que un centralismo español postizo habría explotado, y cuya solución final consistiría en liberar esas nuevas naciones de la «cárcel de pueblos» española.
El problema del terrorismo ha estado nuevamente presente, con el quinto aniversario del 11 M, en el que los actos institucionales han brillado por su ausencia de parte del gobierno de España. Sólo el gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid se dignó a realizar un recuerdo a las víctimas del mayor atentado de la Historia de España, que aún permanece con muchas incógnitas en lo que respecta a su autoría y desarrollo.
Una última noticia producida este mes ha causado gran eco y ha puesto nuevamente en entredicho a España. Se trata del anuncio de retirada unilateral de las tropas españolas trasladadas a la nación fraccionaria de Kosovo, dentro de la misión de la OTAN en la antigua Yugoslavia. España no reconoce Kosovo, nación cuya existencia ha sido esgrimida como argumento por nacionalistas separatistas antiespañoles para defender la secesión del País Vasco. Siendo así, en el fondo estaría justificada la retirada de tropas de una nación a la que España, por prudencia política, no reconoce su soberanía. Sin embargo, la forma de hacerlo, desairando a los aliados de la Alianza Atlántica al no consultarles previamente, pone en entredicho nuevamente las relaciones de la Nación con las principales potencias internacionales. Más aún: este desplante supone una afrenta a una organización que refuerza la defensa de España frente a potenciales amenazas externas, con claro perjuicio a la Nación.
Ante estos acontecimientos, cabe realizar las siguientes preguntas:
¿Se logrará un acuerdo entre los dos grandes partidos nacionales en el País Vasco, que sirva para que ambas fuerzas políticas reconduzcan la situación nacional en el resto de España?
¿Es posible que los resultados electorales del 1 de marzo sirvan como comienzo para revertir la situación autonómica no sólo en Galicia y País Vasco, sino en otros lugares como Cataluña?
¿Sería necesario un cambio constitucional que aclarase tanto las relaciones autonómicas con el Estado como su financiación, para evitar que periódicamente las autonomías soliciten, en base a manipulaciones históricas, saldar la «deuda histórica»?
Ciudades donde se va a celebrar este Observatorio: Santander, Oviedo, La Coruña, Caravaca (Murcia), Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, La Línea de la Concepción (Cádiz), Alcalá de Henares (Madrid) y Majadahonda (Madrid).
