Estimados amigos:

Este mes de febrero ha visto iniciarse la campaña electoral de las inminentes elecciones en las comunidades del País Vasco y Galicia, ambas a celebrarse el 1 de marzo. Si las elecciones vascas vienen marcadas por varios atentados de ETA previos y la ilegalización de sus listas «blancas», al contrario de lo que sucedió en los anteriores comicios, las elecciones gallegas se contemplan desde un cierto radicalismo que muchos han homologado a la violencia callejera del País Vasco, como el acoso sufrido por la asociación cívica Galicia Bilingüe en su manifestación solicitando el uso del idioma español, ante la agresiva política de inmersión lingüística que la coalición PSOE-BNG ha impuesto en Galicia.

Pero si algo caracteriza ambas citas electorales son los pronósticos: en ninguno de los sondeos previos se considera la posibilidad de una mayoría absoluta de alguno de los dos partidos nacionales; si acaso el PP rozaría la mayoría absoluta como hace cuatro años en Galicia, pero sin mejoras significativas. Esto implica que los vencedores de ambos comicios deberán formar una coalición para poder gobernar, apoyados presumiblemente en los partidos secesionistas tan pujantes en ambas regiones de España. Incluso puede suceder que el ganador de las elecciones sea usurpado por una coalición postelectoral que falsee la voluntad popular, como ha sucedido en Cataluña con el tripartito, en Baleares con un pacto ya paradigmático (coalición «a la balear») y como sucedió en Galicia en el año 2005, donde el PSOE, coaligándose con los independentistas del BNG, arrebató el gobierno al vencedor de las elecciones, el PP.

Además de la protesta de Galicia Bilingüe, otras organizaciones cívicas y partidos políticos han manifestado su rechazo a la inmersión lingüística, en este caso en Cataluña y el País Vasco. Protestas que en la comunidad catalana han tenido un considerable eco y que en consecuencia han obligado al gobierno de la Generalidad a suavizar su mensaje. Así, de las multas y coerciones sobre quienes no usan el catalán, se ha optado por pasar a un mensaje más dulcificado: se trata de «contagiar» el catalán. Tal es la campaña publicitaria que el gobierno de la Generalidad ha usado estos últimos días para «sugerir» que todos los servicios de atención a los «inmigrantes» que hablan en español, sean siempre en catalán.

Elecciones al margen, dos noticias durante este mes de febrero han resultado especialmente alarmantes. La primera a la que nos referimos es el desmantelamiento de la Brigada San Marcial, que tenía su cuartel en el País Vasco y cuya desaparición constituye un cumplimiento del deseo nacionalista de que las tropas españolas (consideradas, en su estúpido delirio soberanista, «fuerzas de ocupación») abandonasen el País Vasco.

La segunda y más reciente se trata del intento del tripartito catalán, apoyado por Convergencia y Unión y también por el Partido Popular de Cataluña, de expulsar al Defensor del Pueblo Español de Cataluña. Oponerse a que el Defensor del Pueblo pueda operar en esa región española ha de considerarse una vuelta de tuerca más para que, según desean los nacionalistas catalanes, la Constitución española no rija en Cataluña. Especialmente significativo es que la propuesta sea apoyada por el PP catalán, lo que se convierte en un acto de desobediencia respecto a la política de ese partido en toda España, comprometida con la unidad nacional y la Constitución.

Ante estos decisivos acontecimientos, cabe plantearse las siguientes cuestiones:

¿Cómo conseguir la unidad y cohesión de las principales fuerzas políticas nacionales ante la centrifugación y división que genera el Estado de las Autonomías?

¿Qué reformas realizar en la ley electoral para evitar la subordinación y complicidad con partidos nacionalistas en pactos postelectorales?

¿Qué medios, además de los actos de protesta, podrían articularse para frenar el proceso de inmersión lingüística en las lenguas vernáculas que parece extenderse por toda España?

Ciudades donde se va a celebrar este Observatorio: Santander, Oviedo, La Coruña, Caravaca (Murcia), Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, La Línea de la Concepción (Cádiz), Alcalá de Henares (Madrid) y Majadahonda (Madrid).